La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) criticó con dureza los proyectos de Ley de Presupuesto y Ley Fiscal Impositiva 2026, recientemente aprobados en la Legislatura. La entidad ruralista, que preside Ignacio Kovarsky, acusa al gobierno de Axel Kicillof de privilegiar la «distribución de poder» mediante la polémica ampliación del Directorio del Banco Provincia, en lugar de impulsar la austeridad y la eficiencia estatal.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó en las últimas horas el Presupuesto 2026, por un monto que supera los $43 billones, y la Ley Fiscal Impositiva. Sin embargo, la aprobación del paquete económico, que sienta las bases de la administración provincial para el próximo año, no se concretó sin una fuerte controversia y un rechazo categórico de los sectores productivos bonaerenses.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) lanzó un duro comunicado donde cuestionó los acuerdos políticos que permitieron la aprobación de las iniciativas, afirmando que el gobierno de Axel Kicillof «no busca el bienestar» de los bonaerenses sino incrementar el gasto de la política y el tamaño del Estado.

La lupa sobre el gasto político y el BAPRO

 

El principal punto de conflicto que motorizó la crítica de la entidad ruralista fue la propuesta de ampliación del Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO). Este organismo clave, que actúa como motor financiero de la producción provincial, es un foco de disputa política en cada negociación presupuestaria. El proyecto del Ejecutivo contemplaba incrementar el número de directores del BAPRO para sumar más sillas a repartir entre dirigentes de la oposición.

Según la visión de CARBAP, este tipo de negociaciones exhibe una preocupante falta de compromiso con la austeridad y la eficiencia fiscal. «Los acuerdos políticos impulsados para aprobar el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento provincial dejan en evidencia que no se busca el bienestar ciudadano, sino garantizar más cargos, más estructuras y más gasto político», afirmó la Confederación en su comunicado oficial.

La organización, que representa a una vasta porción del interior productivo bonaerense, considera que ceder o intercambiar cargos directivos en una entidad tan sensible como el BAPRO constituye una «señal inequívoca» de que los «entendimientos están atados a beneficios partidarios antes que a una agenda de austeridad, eficiencia o equilibrio fiscal». El sector ve esta maniobra como una forma de engrosar las estructuras estatales sin mejorar la gestión ni la calidad del gasto público.

Un Presupuesto aprobado, una deuda en suspenso

 

La dura crítica del campo se da en el marco de una intensa negociación entre el oficialismo (Unión por la Patria) y los diferentes bloques opositores en la Legislatura. Si bien la Ley de Leyes (Presupuesto) y la Ley Impositiva fueron aprobadas con mayoría simple, la verdadera pulseada se dio en torno a la Ley de Financiamiento, que autoriza a la Provincia a tomar deuda por hasta US$ 3.035 millones. Este último proyecto requería de una mayoría especial (dos tercios de los votos) que, al cierre de la edición, no había logrado el consenso necesario y su tratamiento quedó postergado.

Fuentes legislativas confirmaron que el reparto de posiciones en el BAPRO se convirtió en la principal «moneda de cambio» para acercar a los bloques opositores «dialoguistas» (como sectores del PRO y la UCR) a apoyar el paquete legislativo, especialmente la crucial autorización de endeudamiento.

Desde CARBAP, presidida por Ignacio Kovarsky, la demanda es clara y directa: «La Provincia no necesita más cargos ni más gasto político: necesita un presupuesto serio, responsable, equilibrado y verdaderamente comprometido con la producción, el trabajo y el futuro de todos los bonaerenses».

Presión fiscal vs. obra pública

 

Si bien el presupuesto aprobado contempla una importante inversión de capital de $3,2 billones, destinada a obra pública (incluyendo programas como «Escuelas a la Obra» y planes hídricos en el Gran La Plata y Bahía Blanca), y políticas de protección a sectores vulnerables, la Ley Impositiva sigue siendo un punto de fricción.

La Legislatura logró aprobar una estructura tributaria que, según el Ejecutivo, busca ser «más progresiva y justa», manteniendo la carga tributaria en el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural (aunque con actualizaciones nominales que el campo siempre interpreta como aumentos reales) y reduciendo la patente automotor.

Sin embargo, para el sector rural, cualquier aumento en las estructuras de poder que no se traduzca en una mejora directa de los caminos rurales, la seguridad y la competitividad productiva, es visto como un incremento innecesario del costo de la política que se sostiene, en última instancia, con la presión fiscal sobre los contribuyentes.

CARBAP concluyó su mensaje pidiendo al Gobierno provincial que replantee sus prioridades y se enfoque en un plan de racionalización del Estado que promueva la inversión, la competitividad y la previsibilidad para quienes generan valor y mano de obra en el interior bonaerense.