Tras aprobar un nuevo desembolso, el organismo internacional cuestionó las debilidades en el sistema de declaraciones juradas de funcionarios en Argentina. El señalamiento coincide con la controversia pública por el patrimonio de Manuel Adorni y la extensión de plazos para su presentación.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una advertencia sobre el estado de la transparencia gubernamental y los controles patrimoniales en la Argentina. La observación fue plasmada en el último informe técnico del organismo, difundido tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la administración de Javier Milei, la cual permitió un desembolso de 1.000 millones de dólares.

El documento dedica el «Box 9» a analizar los marcos de gobernanza económica y la lucha contra la corrupción. En este apartado, el staff técnico del FMI señala la existencia de «desafíos» institucionales, cuestionando específicamente el sistema de declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Según el informe, el esquema actual presenta «limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y aplicación desigual».

Esta crítica adquiere una relevancia política inmediata debido a su sincronización con la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario se encuentra actualmente bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En este marco, la controversia se profundizó cuando el Gobierno otorgó una prórroga para la presentación de su declaración jurada patrimonial, trasladando el vencimiento original del 30 de mayo hasta el 31 de julio.

El staff del organismo internacional sostiene que el problema excede la cuestión temporal de la difusión de los datos. Advierte que los marcos preventivos contra la corrupción requieren un fortalecimiento integral, apuntando específicamente a la «débil capacidad de fiscalización» del Estado y a normas sobre conflictos de interés calificadas como «permeables».

El informe subraya que la eficiencia del sistema no solo depende de la publicación de la información, sino de la capacidad del Estado para verificar de manera uniforme las obligaciones patrimoniales de quienes ejercen cargos públicos. En un contexto de alta sensibilidad, donde el sistema de control estatal es cuestionado, la advertencia del FMI refuerza la presión sobre los mecanismos de rendición de cuentas vigentes.