Tras acatar una medida cautelar judicial que restablece provisoriamente el beneficio previsional de la exmandataria, la ANSES implementará rebajas por zona austral y retenciones mensuales para saldar fondos considerados percibidos de manera indebida. El Ministerio de Capital Humano mantiene la apelación ante la Corte Suprema.

El Gobierno nacional dispondrá la aplicación de dos descuentos específicos sobre la pensión mensual bruta de $15.683.154,06 que la expresidenta Cristina Kirchner comenzará a percibir a partir del mes de agosto. La medida se ejecutará luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicara formalmente a la Justicia que acatará, de forma provisoria, una medida cautelar que ordena la restitución del beneficio.

Los haberes previsionales de la exjefa de Estado habían sido suspendidos en noviembre de 2024, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Hasta ese momento, Kirchner era beneficiaria de dos asignaciones liquidadas bajo la Ley 24.018: una correspondiente a su propia jubilación como expresidenta y otra en carácter de pensión por el fallecimiento de su esposo, el exmandatario Néstor Kirchner.

A partir de este restablecimiento provisorio —sobre el cual ya se venían efectuando las deducciones ordinarias por impuesto a las ganancias y aportes a la obra social—, el Ejecutivo resolvió aplicar las siguientes penalidades financieras:

• Quita por zona austral: Se suspenderá el pago del adicional por zona austral debido a que la expresidenta se encuentra cumpliendo régimen de prisión domiciliaria en la Capital Federal y no en la región patagónica.

• Retención por cobros indebidos: Se le deducirá una suma mensual fija de $3.136.630,81 hasta alcanzar un monto global de $660.052.338,87, cifra que el Estado señala como percibida indebidamente durante los años previos.

A pesar de dar cumplimiento operativo al fallo de la Justicia, la ANSES ratificó que mantiene plenamente vigente el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de revertir la medida cautelar. En sintonía, el Ministerio de Capital Humano continúa impulsando la vía legal bajo el argumento de que la Ley 24.018 concibe este régimen especial como un reconocimiento al «honor, mérito y buen desempeño en el cargo», valores que consideran técnicamente incompatibles con una condena firme por delitos de corrupción contra la administración pública.