Mediante un programa de ciudadanía por inversión diseñado con el asesoramiento de la firma global Henley & Partners, el Ejecutivo nacional ofrece la nacionalidad a extranjeros adinerados a cambio de aportes financieros, desatando una fuerte polémica institucional.

En medio de un escenario de profundas transformaciones normativas y crecientes cuestionamientos políticos, se conoció que el Gobierno nacional mantuvo un extenso vínculo de asesoramiento técnico con la consultora británica Henley & Partners —considerada la líder mundial en el mercado de los denominados «pasaportes dorados»— para diseñar y estructurar el nuevo programa oficial de ciudadanía por inversión en la República Argentina.

La iniciativa, formalizada a través de instancias de presentación internacional como la concretada en la ciudad de París con la presencia de funcionarios del gabinete económico y legisladores, habilita a ciudadanos extranjeros de alto poder adquisitivo a obtener la nacionalidad argentina sin necesidad de cumplir con los requisitos tradicionales de residencia en el territorio nacional. El esquema ideado establece que los interesados pueden acceder al beneficio documental a cambio de una contribución directa de 350.000 dólares al Tesoro nacional o mediante la suscripción de un bono soberano por un monto de 800.000 dólares.

La relación entre la compañía internacional y la administración central no constituye un hecho aislado ni casual. De acuerdo con los registros públicos y la documentación analizada, el CEO de la firma, Juerg Steffen, concretó visitas oficiales a la Casa Rosada en fechas estrechamente vinculadas con la firma de los instrumentos legales que dieron marco al programa, entre ellos el decreto DNU 366/2025. Desde distintos sectores del arco político y del propio Ejecutivo se señala al ministro de Economía, Luis Caputo, y al funcionario Juan Pazo como los principales impulsores políticos de la normativa, la cual dispuso la creación de una Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y desarticuló casi la totalidad de las vías tradicionales de naturalización vigentes en el país.

El programa comercializado internacionalmente detalla que el pasaporte argentino otorga a sus titulares un tránsito libre y sin restricciones por más de 170 países alrededor del mundo. Asimismo, la normativa contempla la posibilidad de extender el beneficio «dorado» en la tercera economía de América Latina a los familiares directos del inversor, fijando tarifas adicionales de 100.000 dólares por cada miembro adulto incorporado y de 25.000 dólares en el caso de hijos menores de 18 años.

La implementación de este mecanismo ha generado una profunda controversia debido a los antecedentes internacionales que arrastra la consultora británica. Henley & Partners ha estado envuelta en sonados escándalos globales; entre ellos, destaca la anulación por parte de la Unión Europea del polémico programa de naturalización maltés, un esquema del cual la firma obtuvo extraordinarias ganancias económicas. Asimismo, la compañía ha sido vinculada reiteradamente en investigaciones internacionales a clientes acusados de delitos financieros, fraude fiscal y lavado de dinero.

En el plano doméstico, la difusión pública de las imágenes que documentan las reuniones de los directivos de la consultora en los pasillos de la Casa Rosada desató inmediatos paralelismos con anteriores escándalos políticos y motivó la presentación de diversos proyectos de ley por parte de legisladores nacionales orientados a derogar la normativa vigente. Mientras tanto, el «pasaporte dorado» argentino ya se comercializa activamente en múltiples idiomas desde sedes financieras internacionales como Zúrich, fusionando los intereses de millonarios globales, la ingeniería financiera del Gobierno y una de las firmas migratorias más cuestionadas del planeta.