El Poder Ejecutivo nacional puso en marcha un expediente oficial para transferir al sector privado la totalidad del patrimonio material e inmaterial de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La medida abarca desde los yacimientos de uranio y planos de reactores hasta la infraestructura tecnológica, en un contexto marcado por visitas de delegaciones de Estados Unidos y el Reino Unido y el rechazo de los gremios estatales.

El Poder Ejecutivo Nacional inició formalmente el procedimiento administrativo orientado a la venta y privatización de todo el patrimonio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). De acuerdo con la documentación oficial, la medida contempla la enajenación de activos tanto «materiales como inmateriales» del histórico organismo científico-tecnológico, marcando un punto de quiebre en la política nuclear de la República Argentina.

El expediente estatal fue abierto el pasado 4 de mayo, coincidiendo de forma directa con el arribo al país de una comitiva conjunta de funcionarios de los Estados Unidos y el Reino Unido. Entre los funcionarios norteamericanos destacados en las actas se encuentran Sarah Dickerson, Andrew Lyman, Eleanor Krabill, Charles Teal, Oleg Bukarin, Sean Greenley y Angeles Coscolla, quienes estuvieron acompañados por representantes diplomáticos de la embajada británica.

El alcance de la medida y los activos en la mira

El texto del proyecto gubernamental establece un criterio de transferencia absoluto hacia las firmas privadas que resulten interesadas. Según lo estipulado en el documento, se pondrá a disposición del mercado «todo bien, recurso, derecho, instalación, infraestructura, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial, que integre, se vincule o se encuentre bajo administración, uso, custodia, guarda, intervención o competencia de la CNEA».

Desde la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron su profunda preocupación e hicieron un llamado de alerta sobre los objetivos estratégicos detrás de esta ofensiva privatizadora. Los representantes gremiales señalaron que el interés principal de las potencias extranjeras radica en controlar dos ejes fundamentales del desarrollo soberano: los yacimientos de uranio que el país posee bajo su jurisdicción y, de forma prioritaria, el Reactor Argentino Multipropósito RA-10.

Antecedentes internacionales y reclamos sectoriales

El RA-10 es un reactor de investigación y producción de radioisótopos de última generación tecnológica, considerado una pieza clave para la medicina nuclear y la exportación de tecnología de punta en la región.

La presión sobre el sector nuclear local cuenta con antecedentes recientes. Según denunciaron los propios científicos y técnicos de la Comisión, en diciembre de 2024 una funcionaria de la delegación del Reino Unido les había manifestado explícitamente que «la Argentina no puede darse el lujo de tener un desarrollo de estas características», anticipando la postura internacional respecto a las capacidades científicas autónomas del país.

Los trabajadores del sector se declararon en estado de alerta y movilización, argumentando que la entrega de la documentación técnica, los planos de los reactores y las reservas minerales no solo desmantela décadas de inversión e investigación estatal, sino que compromete seriamente la seguridad estratégica y el patrimonio científico inmaterial de la nación.