La norma se inscribe en los objetivos de la Ley Bases, que apunta a «a mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas».

Así, la resolución establece un plazo de 30 días hábiles para que las entidades inicien los trámites administrativos para el personal que cumpla con las condiciones previstas por ley.

Además, se establece la posibilidad de solicitar una autorización excepcional para prorrogar por seis meses la continuidad de empleados considerados estratégicos.

La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública será la encargada de otorgar dichas autorizaciones, basadas en la crítica necesidad de los perfiles profesionales en las jurisdicciones u organismos descentralizados. Este enfoque busca asegurar que los cambios en la plantilla no afecten el funcionamiento operativo de las áreas clave del sector público.

Según señalaron desde el Gobierno, «actualmente hay alrededor de 10 mil personas en edad jubilatoria de las cuales más de 6.800 corresponden a planta permanente». Para instrumentar el inicio de los trámites previsionales, la Secretaría a cargo de Fariña suscribió un convenio de intercambio electrónico de información con ANSES para que ese organismo determine quiénes están en condiciones de concretarlos.