La Resolución 42/2026 dejó sin efecto ensayos microbiológicos en alimentos, análisis de agua y controles de metrología. El ministro de Desregulación sostuvo que los servicios eran un «regalo» para las empresas costeado por el contribuyente, mientras que los trabajadores alertan sobre el desmantelamiento del organismo y 700 nuevos despidos.

El Poder Ejecutivo Nacional formalizó esta semana un recorte profundo sobre las capacidades operativas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). A través de la Resolución 42/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se dio de baja un paquete de casi 1.000 servicios técnicos que el organismo brindaba a la industria nacional, bajo el argumento oficial de una «baja demanda» y la existencia de oferta privada para tales tareas.

La medida afecta áreas sensibles para el control de calidad y seguridad. Entre los servicios eliminados se encuentran ensayos microbiológicos clave para la detección de bacterias como Salmonella, E. coli y Listeria en alimentos; análisis de potabilidad del agua y efluentes; metrología y calibración de instrumentos electrónicos; y ensayos de seguridad en transporte (ascensores y componentes automotrices) y materiales de construcción. Desde el instituto advirtieron que estas capacidades son esenciales no solo para el consumo interno, sino para que las empresas locales puedan certificar estándares y acceder a mercados externos.

La postura oficial: «El IVA a la polenta»

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió en defensa de la resolución con una fuerte crítica a la gestión anterior del organismo. El funcionario calificó los servicios dados de baja como un subsidio encubierto a empresas privadas financiado por los sectores más vulnerables de la sociedad.

«El INTI ofrecía estos servicios a un precio muy bajo, lo cual quiere decir que era el contribuyente (como decimos comúnmente ‘el IVA a la polenta’) el que financiaba estos servicios», sentenció Sturzenegger. Según el ministro, el 12% de la planta del instituto se dedicaba a tareas como el control de surtidores de combustible, un proceso que definió como «poco tecnológico» y que implicaba altos costos en viáticos para beneficio de las petroleras.

A través de sus redes sociales, el funcionario relató que la liberación de estos servicios al sector privado permitirá un desarrollo más eficiente del mercado. Citó, a modo de ejemplo, el caso de un empresario que celebró poder certificar sus productos sin depender de lo que el ministro denominó un «tapón a la producción».

Conflicto gremial y alerta por despidos

En la vereda opuesta, los trabajadores del INTI mantienen una postura de alerta y movilización. Denuncian que la eliminación de estas funciones no responde a criterios técnicos, sino a una estrategia de vaciamiento para justificar un nuevo proceso de despidos. Según estimaciones gremiales, la última resolución podría traducirse en la cesantía de más de 700 empleados.

Cabe destacar que la planta del organismo ha sufrido una reducción considerable: de los 3.100 trabajadores registrados en 2023, actualmente quedan 2.300. Los delegados sindicales sostienen que el objetivo de la administración de Javier Milei es desmantelar el carácter federal del instituto y su autarquía financiera, un proceso que el año pasado fue frenado temporalmente por la Justicia.

Ante la gravedad del escenario, el próximo martes 21 de abril a las 10:00, trabajadores del organismo junto a referentes de la ciencia, la educación y el ámbito político brindarán una conferencia de prensa para detallar el impacto de la medida sobre el sistema productivo nacional.