El Gobierno nacional trabaja en la redacción de un decreto que transformará profundamente la Dirección Nacional de Migraciones, tomando como referencia el sistema migratorio de Estados Unidos. La iniciativa apunta a crear un organismo con capacidad operativa que incluya una policía con facultades de detención en los puntos de ingreso al país, algo que hoy Migraciones no posee debido a su carácter administrativo. El objetivo es que esta nueva estructura funcione en paralelo con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sin superposición de tareas.

Según reportó TN, en la Casa Rosada descartan que se trate de la creación de una nueva fuerza federal, aunque reconocen que el cambio aportará mayor capacidad para ejecutar expulsiones de extranjeros con antecedentes, alertas o irregularidades. “Forma parte de lo que venimos hablando con el Homeland Security”, remarcan desde el Gobierno. El plan se enmarca en el acuerdo firmado en julio por Javier Milei para que Argentina avance hacia su incorporación al Programa Visa Waiver, un entendimiento que también implica adecuaciones en materia aduanera bajo la órbita de ARCA, encabezada por Juan Pazo.

El rediseño toma como referencia organismos estadounidenses como USCIS, ICE y CBP, que separan funciones administrativas, de control fronterizo y de investigación. Este enfoque ya fue utilizado meses atrás para la reestructuración de las cuatro fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura, PSA y Servicio Penitenciario Federal, cuyas misiones, jerarquías y marcos orgánicos fueron modificados siguiendo estándares estadounidenses. Incluso la Policía Federal Argentina adoptó un modelo similar al FBI, con la creación del Departamento Federal de Investigaciones y una carrera específica de “Investigador del Delito para Profesionales”.

La reforma también incluyó nuevas atribuciones para la PSA, que ahora puede intervenir en prevención del delito en entornos digitales sin requerir autorización judicial, además de colaborar en inteligencia criminal. Asimismo, se creó el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, integrado por PSA, Migraciones, Aduana y ANAC, con el fin de unificar criterios y elevar los estándares de seguridad en los aeropuertos del país.

El proceso de cambios no es nuevo: en mayo, el Ejecutivo ya había impulsado una profunda reforma migratoria mediante decreto. Entre los puntos centrales se incorporaron criterios más estrictos para el acceso a la educación y la salud públicas, se redefinieron los requisitos de residencia, se intensificaron las causales de rechazo y expulsión, y se restringió la vigencia de la “residencia precaria”. También se habilitaron rechazos en frontera con prohibiciones de reingreso por un mínimo de cinco años, marcando un giro más rígido en la política migratoria argentina.