A través de un decreto que se publicará en los próximos días, la gestión de Javier Milei busca profundizar la reducción de la planta en la administración pública nacional a partir de noviembre.

El Gobierno nacional ultima los detalles de un nuevo capítulo en el esquema de reestructuración del Estado. Mediante un decreto que se oficializará en el transcurso de los próximos días, el Poder Ejecutivo establecerá un régimen formal de retiros voluntarios destinado a trabajadores estatales, con el objetivo de profundizar la reducción de la planta pública a partir del próximo mes de noviembre.

De acuerdo con los trascendidos del borrador oficial, la medida estará orientada al personal civil perteneciente a la planta permanente de la administración pública nacional centralizada y de los organismos desconcentrados que operan bajo el ámbito del Estado, excluyendo en esta primera etapa a las dependencias descentralizadas que cuentan con personería jurídica propia.

La iniciativa se enmarca en la política de reducción de la estructura estatal implementada por la gestión del presidente Javier Milei y coordinada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger. Cabe recordar que, desde noviembre de 2023 a la fecha, el área acumula una baja de más de 74 mil puestos de trabajo entre la administración pública y las distintas empresas estatales.

Según informaron fuentes gubernamentales a medios nacionales, la confección del texto normativo ya se encuentra finalizada y las autoridades estiman que la convocatoria alcanzará como meta mínima a más de 1.000 agentes públicos. El programa estará segmentado principalmente en tres universos de trabajadores: aquellos empleados que ya cuentan con la edad y la totalidad de los aportes previsionales para jubilarse; quienes alcanzaron la edad jubilatoria pero adeudan años de aportes; y aquellos agentes de menor antigüedad o más jóvenes que evalúen discontinuar su actividad en la función pública.

En cuanto a los esquemas de compensación económica, la administración libertaria contemplará montos diferenciados según el perfil y la antigüedad de cada agente, aunque los detalles técnicos sobre las indemnizaciones aún no fueron revelados oficialmente. Para aquellos empleados en edad de jubilarse que no reúnan los años de servicio exigidos por ley, el Gobierno prevé que el capital obtenido a través del retiro pueda ser destinado a la cancelación de una moratoria previsional, mientras que quienes ya reúnan los requisitos legales podrán iniciar el trámite formal para su jubilación.

Este mecanismo de desvinculación voluntaria ya registra antecedentes recientes en diversos entes del sector público, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el PAMI, la Administración de Parques Nacionales y el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

En el caso particular del INTA, el programa implementado ofreció una compensación equivalente a 1,5 salarios por cada año de servicio, con límites fijados según la franja etaria de cada empleado. En dicho organismo, la meta oficial fijada en 1.200 bajas concluyó con un total de 905 adhesiones efectivas, cifra que representó el 75,4% del objetivo planteado y un 15,7% del total de la planta que registraba la entidad a comienzos de año.

La confirmación de la medida generó una inmediata respuesta sindical por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, rechazó categóricamente la propuesta oficial catalogando a los retiros voluntarios como «despidos encubiertos» y anticipó que la organización sindical promoverá que los trabajadores estatales no se adscriban al programa. Asimismo, Aguiar advirtió que no descartan la realización de asambleas e implementación de medidas de fuerza para frenar el avance de la iniciativa gubernamental.