El juez mencionó en su resolución que Espinoza está imputado, acusado de haber abusado sexualmente de Rakauskas “quien se desempeñaba como secretaria privada de la intendencia de La Matanza».

El magistrado citó que, inicialmente, Espinoza se presentó en la vivienda de Rakauskas, en Capital Federal, el 10 de mayo de 2021, a partir de las 21:30 de ese día, luego de transmitirle como “superior jerárquico de la víctima” que “quería cenar con ella para conversar sobre su trabajo”.

El juez planteó que “la víctima señaló que esa noche cenaron normalmente, pero que se sintió muy incómoda» y que “luego, contó que a los pocos días el imputado volvió a decirle que esa noche cenarían en su domicilio, cuya decisión fue nuevamente de él, sin consultarle si podía”.

Explicó que durante esa cena Rakauskas “tuvo una sensación física extraña, que se sintió demasiado suelta llegando a creer que el imputado le ponía ‘algo’ en la bebida, pero que durante esa noche no se ‘propasó’ con ella, sólo le hizo preguntas de carácter muy personal”.

Mencionó que los abusos denunciados por la exsecretaria de Espinoza se produjeron durante la madrugada del 11 de mayo de 2021, después de “la tercera y última vez que cenaron”.

La resolución citó además la desobediencia del intendente de La Matanza, el 1° de julio de 2021, a la prohibición, vigente desde el 4 de junio de ese año, que le impedía acercarse a la denunciante o contactarse de cualquier forma con ella.

Fue a través de Gustavo Cilia, que en ese momento era pareja de la denunciante, y allegado a Espinoza. De acuerdo a la resolución Cilia se presentó en la casa de Rakauskas “para hablar con ella y pedirle que ‘diera de baja’ la denuncia” al intendente de La Matanza.

De acuerdo al testimonio de Rakauskas “desde la radicación de la denuncia por abuso sexual recibió muchas presiones para retirarla y que su pareja Cilia se acercó a su domicilio en repetidas oportunidades para convencerla de ello”.

El juez decidió el envío de la causa a juicio oral pese al “esfuerzo de la defensa en desacreditar a la querellante, y el extenso escrito presentado para reclamar el sobreseimiento del imputado, haciéndose eco” de los pedidos coincidentes de ambos fiscales, Mauricio Viera y Mónica Cuñarro.

Caunedo consideró “inadmisible el cierre anormal del proceso que propone en esta etapa crítica, e improcedente la revisión del caso”, y determinó la elevación del caso a un proceso oral y público.