El senador provincial Sergio Vargas presentó un proyecto de ley para establecer un dispositivo de contención específico para las fuerzas de seguridad y penitenciarias. La iniciativa surge ante el alarmante incremento de casos de suicidio y propone garantizar la estabilidad salarial de los agentes que soliciten asistencia psicológica.

La preocupante estadística de suicidios dentro de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires llegó a la Legislatura. El senador Sergio Vargas, integrante del bloque libertario dialoguista, presentó un proyecto de ley para crear el Programa Integral de Salud Mental, destinado al personal policial y penitenciario. La propuesta busca atacar no solo las consecuencias del estrés postraumático, sino también las causas estructurales y económicas que impiden a los efectivos pedir ayuda a tiempo.

«Se están perdiendo agentes no solo a manos del crimen organizado, sino a causa del desgaste postraumático y la falta de una red de contención institucional efectiva», advirtió Vargas al fundamentar la iniciativa. El legislador por la Sexta sección electoral señaló que el actual sistema castiga indirectamente a quien manifiesta padecimiento mental, generando un círculo vicioso que muchas veces termina en tragedia.

La trampa económica del sistema actual

Uno de los puntos más innovadores del proyecto es el enfoque en la intangibilidad de la remuneración. Actualmente, cuando un agente de la Bonaerense es retirado de servicio preventivamente por riesgo psicológico, se le quita el arma reglamentaria. Esta medida administrativa conlleva automáticamente la pérdida de ingresos adicionales, como las horas POLAD o las compensaciones por recargo de servicio (CORES), que representan una parte sustancial del salario real.

Vargas explicó que esta situación obliga a los uniformados a ocultar su depresión o ansiedad para no sufrir un recorte drástico en su economía familiar. «El uniformado convive con su arma reglamentaria hasta que es demasiado tarde por miedo a no poder cubrir sus gastos esenciales», sentenció el senador. El proyecto propone que la remuneración regular sea inalterable durante el tratamiento, eliminando el temor a las sanciones económicas encubiertas.

Prevención y acompañamiento obligatorio

El dispositivo diseñado por el legislador tendría carácter obligatorio para todo el personal en actividad y se extendería opcionalmente a retirados y sus familiares directos. El programa dependería de los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de:

• Detectar tempranamente padecimientos mentales vinculados al riesgo psicosocial crítico.

• Garantizar intervenciones confidenciales y acompañamiento interdisciplinario.

• Desarticular la cultura institucional que desalienta la expresión del malestar psíquico.

• Elaborar informes estadísticos anuales para monitorear el estado de salud de la fuerza.

Para Vargas, cuidar a quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía es una «obligación ética y política del Estado». El proyecto ahora deberá ser analizado en las comisiones de la Cámara Alta bonaerense, en un clima de creciente demanda por mejores condiciones laborales para la fuerza de seguridad más numerosa del país.