Enriquecimiento ilícito: la Justicia intimó a Manuel Adorni a justificar su patrimonio
El exjefe de Gabinete tiene 15 días para responder más de 20 preguntas del fiscal Pollicita por inconsistencias millonarias entre sus ingresos y gastos
El fiscal Gerardo Pollicita firmó el requerimiento para que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, justifique sus bienes en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. El exfuncionario tendrá un plazo de 15 días para responder al cuestionario judicial elaborado tras detectarse múltiples inconsistencias patrimoniales.
La medida se fundamenta en el análisis de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). La fiscalía cotejó este informe con las declaraciones juradas de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, evidenciando gastos superiores a los 400 mil dólares y deudas por 335 mil dólares. Además, se detectaron consumos efectuados con tarjetas de crédito propias y de terceros vinculados al área de Comunicación del Gobierno.
Gastos, criptomonedas y declaraciones rectificadas
La investigación documentó compras millonarias en viajes, adquisiciones de alto valor y remodelaciones en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá. A su vez, se puso la lupa sobre las operaciones digitales: plataformas como Binance reportaron cuentas donde el exfuncionario habría declarado capitales por 250 mil dólares, fondos que no fueron exteriorizados ante la Oficina Anticorrupción.
Otro punto clave del requerimiento judicial gira en torno a los ingresos del grupo familiar. Según el expediente, los ingresos lícitos comprobados alcanzaron los 229 millones de pesos, pero las erogaciones y adquisiciones superaron los 272 millones de pesos y los 400 mil dólares (gran parte abonados en efectivo).
Finalmente, la Justicia cuestionó las drásticas rectificaciones en sus presentaciones oficiales. En junio de 2026, los bienes declarados por Adorni correspondientes al cierre de 2023 saltaron de 61 millones a más de 515 millones de pesos, situación que profundizó las sospechas sobre la evolución de su nivel de vida desde su llegada a la función pública.
