Un caso de abuso sexual que generó indignación en Puerto Madryn ha dado un giro trascendental: la Corte Suprema de Justicia ha anulado la absolución de un imputado y ordenado la realización de un nuevo juicio. La decisión se fundamenta en los controvertidos argumentos esgrimidos por una defensora pública, quien sugirió que el abuso no pudo haberse concretado debido al físico de la víctima.

El caso original se centró en la denuncia de una mujer que acusó a su expareja de haberla forzado a mantener relaciones sexuales en su domicilio. Durante el juicio, la defensora pública de uno de los acusados, en un argumento que causó estupor, sostuvo que el acto de abuso no pudo haberse concretado porque la víctima «es obesa» y, además, sería difícil «sacarle una calza». Este comentario, cargado de estigmatización y prejuicios, desvirtuó la seriedad de la acusación.

A pesar de que los informes periciales y médicos registraron la presencia de lesiones compatibles con un abuso sexual violento, el imputado había sido absuelto en la instancia inicial. Esta sentencia generó un profundo malestar en colectivos feministas y defensores de los derechos de las víctimas, quienes calificaron la resolución como revictimizante y contraria a toda perspectiva de género en la justicia.

La Corte Suprema de Justicia intervino en el caso, dictaminando la anulación de la sentencia absolutoria y exigiendo un nuevo proceso. Tras esta resolución, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut ha tomado la decisión de ordenar un nuevo juicio, buscando una revisión exhaustiva de los hechos y la aplicación de una justicia imparcial, libre de prejuicios y estereotipos que atenten contra la dignidad de las víctimas.

Este precedente marca un hito importante en la lucha contra la impunidad en casos de violencia de género y destaca la necesidad de una formación con perspectiva de género en todos los operadores judiciales para evitar la revictimización y garantizar el acceso a una justicia equitativa.