El empresario, vinculado familiarmente a Zulemita Menem, quedó en el centro de la polémica tras ser beneficiado con una adjudicación estatal para un call center que nunca funcionó a pleno. La licitación, que contó con una sola oferta, compromete cifras multimillonarias y despertó sospechas de direccionamiento por sus estrechos vínculos con el poder político.

El nombre de Kevin Pocovi ha comenzado a resonar con fuerza y constancia en los pasillos de la política y los tribunales de Comodoro Py. Este joven empresario, que hasta hace poco mantenía un perfil relativamente bajo, ha quedado expuesto bajo la lupa judicial y mediática a raíz de una millonaria contratación estatal. Su figura, conectada al poder a través de sus vínculos familiares con el entorno de los Menem, es hoy el epicentro de un escándalo que involucra fondos públicos, licitaciones dudosas y presunto tráfico de influencias.

Hijo del empresario Marcelo Pocovi y hermano de Alan Pocovi —ambos con menciones en distintas investigaciones judiciales—, Kevin es hijastro de Zulemita Menem. Esta red de relaciones familiares le habría permitido tejer sólidos puentes con sectores clave del actual oficialismo. Sin ocupar ningún cargo público formal, supo moverse con notable comodidad en la órbita de los negocios con el Estado, participando en diversas operaciones inmobiliarias con organismos públicos. Sin embargo, fue su reciente incursión como proveedor del PAMI la que encendió todas las alarmas.

Las cifras de la polémica: un call center bajo sospecha

El eje del escándalo radica en un jugoso contrato otorgado por el PAMI a Inversora Eslava S.A., firma de la cual Kevin Pocovi es vicepresidente. El acuerdo tenía como objetivo oficial el alquiler de un inmueble destinado a la instalación de un call center para la obra social de los jubilados.

Los números que se desprenden del expediente son exorbitantes. El contrato implicaba el pago de aproximadamente 65 millones de pesos mensuales durante un lapso de 36 meses, consolidando una suma multimillonaria solo en concepto de alquiler. A este monto base se le debían sumar hasta 1.000 millones de pesos adicionales destinados a supuestas refacciones del lugar.

El proceso de adjudicación rápidamente despertó severas sospechas. El punto más cuestionado del trámite administrativo fue que la compulsa de precios contó con una única oferta: la presentada por la empresa de la familia Pocovi. Este hecho, agravado por la existencia de alternativas inmobiliarias considerablemente más económicas en el mercado, alimentó las denuncias por un evidente direccionamiento del contrato. Para agravar aún más el cuadro, investigaciones periodísticas recientes han revelado que el supuesto call center nunca llegó a funcionar plenamente, a pesar de que el Estado ya había comprometido y desembolsado sumas millonarias.

Viajes oficiales y el peso de las conexiones políticas

El caso adquirió una dimensión política mucho mayor cuando trascendió que el rol de Kevin Pocovi excedía el de un simple proveedor del Estado. Se conoció que el joven empresario formó parte de la comitiva no oficial que acompañó al presidente Javier Milei en viajes internacionales. Su presencia en actividades desarrolladas en Estados Unidos, vinculadas a influyentes sectores políticos y empresariales, reforzó la hipótesis de que la adjudicación en el PAMI no fue un hecho aislado ni un mero golpe de suerte administrativo, sino el resultado de una aceitada red de relaciones entre empresarios y altos funcionarios del Gobierno.

Ante la contundencia de las irregularidades detectadas, la Justicia ha comenzado a moverse. Se han presentado diversas denuncias penales que apuntan a la comisión de delitos graves, tales como administración fraudulenta en perjuicio del Estado, cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Además, el nombre de la familia Pocovi aparece mencionado tangencialmente en otras investigaciones de envergadura, como la causa que investiga el pago de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), consolidando un patrón de negocios opacos con el sector público.

La trama protagonizada por Kevin Pocovi expone una problemática sistémica que parece repetirse de manera constante en la Argentina: empresarios sin una trayectoria corporativa sólida o relevante que, apalancados en sus conexiones políticas, logran acceder a contratos multimillonarios financiados con los impuestos de los ciudadanos. Mientras la Justicia avanza con las pericias, la pregunta central sigue sin respuesta oficial: cómo y por qué un empresario joven, sin antecedentes visibles en el rubro, terminó siendo el gran beneficiado de uno de los contratos más onerosos y cuestionados del PAMI en los últimos años.