El director de la fuerza, Claudio Brilloni, autorizó un gasto de 2 millones de dólares en indumentaria que no forma parte del uniforme oficial y presentaría sobreprecios del 200%.

La Gendarmería Nacional se encuentra en el centro de una controversia contable y reglamentaria tras conocerse una reciente adquisición de equipamiento. Claudio Brilloni, titular de la fuerza y pareja de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, autorizó una compra de boinas por un monto superior a los 2 millones de dólares. La operación ha generado fuertes críticas no solo por la magnitud de la cifra, sino por la utilidad práctica de los elementos adquiridos y el valor unitario abonado.

Un accesorio fuera de reglamento

El principal punto de cuestionamiento radica en que las boinas adquiridas no forman parte del atuendo reglamentario de la institución. Según las normas vigentes de uniformidad de Gendarmería, el personal debe utilizar la gorra oficial y no la boina, lo que convierte a la millonaria inversión en un gasto destinado a artículos que, actualmente, no pueden ser utilizados por los efectivos en sus funciones habituales.

Esta falta de alineación entre la compra y el reglamento interno ha despertado dudas sobre la planificación de la logística dentro de la fuerza y la urgencia de una adquisición de tal envergadura en un contexto donde el discurso oficial promueve la austeridad administrativa.

Sobreprecios bajo la lupa

Más allá de la utilidad del producto, el análisis de los costos unitarios ha profundizado el escándalo. De acuerdo con los datos de la licitación, cada unidad se pagó aproximadamente $150.000. Sin embargo, relevamientos en comercios especializados de indumentaria táctica y militar indican que el valor de mercado de una boina de similares características ronda los $50.000.

Esta diferencia sugiere un sobreprecio que triplica el valor real del producto. La brecha entre el precio de góndola y el precio pagado por el Estado abre interrogantes sobre los mecanismos de control en las contrataciones y la transparencia en la gestión de fondos públicos destinados a la seguridad nacional.

Impacto político

La relación personal entre Brilloni y la ministra Monteoliva añade una capa de complejidad política al caso. En un momento donde el Ministerio de Seguridad busca proyectar una imagen de eficiencia y control de gastos, la aparición de una compra injustificada y con presuntos sobreprecios pone en jaque la narrativa de transparencia de la gestión actual. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial que explique la necesidad técnica de la compra o el motivo detrás del elevado costo por unidad.