El círculo íntimo de La Libertad Avanza se reunió en Casa Rosada para blindar la gestión legislativa y coordinar la presentación del jefe de Gabinete en Diputados. Con el trasfondo de una investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni, el Ejecutivo busca ratificar su agenda frente a las universidades y el sistema de votación.

En un contexto de alta tensión política y frentes judiciales abiertos, la mesa chica de La Libertad Avanza (LLA) mantuvo un encuentro clave este lunes en la Casa Rosada. La reunión, que comenzó pasadas las 14 horas, tuvo como eje central el reordenamiento de la estrategia legislativa del oficialismo. Las prioridades quedaron establecidas en tres ejes: el avance de la reforma electoral, el financiamiento universitario y la normativa vinculada al ámbito de la discapacidad, proyectos que enfrentan una fuerte resistencia en el Congreso y en los tribunales.

El encuentro no solo sirvió para trazar líneas de acción parlamentaria, sino también para coordinar los detalles del primer informe de gestión que brindará Manuel Adorni en su rol de jefe de Gabinete. La presentación, prevista para el miércoles 29 de abril en la Cámara de Diputados, contará con la presencia del presidente Javier Milei, quien adelantó que acompañará al funcionario en lo que se prevé será una sesión de alto voltaje político.

El blindaje a Manuel Adorni

La exposición de Adorni ante los legisladores estará inevitablemente atravesada por la investigación judicial que pesa sobre él por presunto enriquecimiento ilícito, vinculada a su patrimonio y a los viajes familiares realizados en los últimos dos años. De las aproximadamente 2.100 preguntas que el jefe de Gabinete deberá responder (seleccionadas de un universo inicial de casi 5.000), 66 están directamente relacionadas con la causa judicial que lo involucra.

Desde la cúpula de LLA han decidido cerrar filas en torno al funcionario. La estrategia de comunicación del Ejecutivo apunta a desviar el foco de la investigación patrimonial hacia las declaraciones juradas de dirigentes de la oposición, intentando convertir un problema administrativo y judicial en una disputa estrictamente política. Será la primera vez que Adorni se refiera públicamente al tema tras una fallida conferencia de prensa hace un mes, donde evitó precisiones técnicas alegando que solo respondería ante los jueces.

Conflictos con el presupuesto y la justicia

En el plano de la gestión, la mesa política analizó cómo avanzar con los proyectos de universidades y discapacidad. El Gobierno se encuentra en una encrucijada legal: Javier Milei se ha negado sistemáticamente a aplicar las leyes de financiamiento aprobadas el año pasado, argumentando que no cuentan con partidas presupuestarias asignadas y que ponen en riesgo el equilibrio fiscal.

Sin embargo, tras sucesivos reveses en la justicia que le ordenaron aplicar las normativas, el Ejecutivo decidió apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Esta maniobra busca ganar tiempo para presentar iniciativas propias que moderen el impacto económico de dichas leyes. La decisión oficial de ampliar partidas solo se concretó ante la inminencia de nuevos fallos adversos, lo que demuestra la fragilidad del esquema de contención de gastos frente al control judicial.

Finalmente, la reforma del sistema de votación nacional se mantiene como la «gran apuesta» política para el corto plazo. El oficialismo busca aprovechar la ventana de oportunidad legislativa antes de que el calendario electoral de 2027 comience a condicionar los movimientos de los bloques aliados y de la oposición dialoguista.