Un tribunal tucumano ha emitido un fallo sin precedentes que prohíbe a una mujer compartir imágenes o videos de su hijo menor en plataformas digitales y medios de comunicación sin el consentimiento expreso del padre. La decisión busca proteger la «huella digital» e identidad de los niños frente a la exposición indebida en la era digital.

En una resolución que sienta un importante precedente judicial en la protección de la infancia en el ámbito digital, la Oficina de Gestión Asociada de Familia N° 1 del Centro Judicial de Monteros ha dictaminado una medida cautelar que ordena a una madre abstenerse de publicar fotos, videos o cualquier contenido de su hijo menor en redes sociales, plataformas digitales o medios de comunicación sin la autorización del padre.

Este fallo responde a una medida cautelar presentada por el progenitor del menor, quien denunció que la madre exponía al niño en publicaciones con fines de promoción de negocios familiares y en programas de streaming de su tía, todo ello sin su consentimiento expreso. La demanda destacó la preocupación por la privacidad y la seguridad del infante en el entorno digital.

El documento judicial enfatiza que la exposición digital sin control genera una «huella digital permanente», la cual puede impactar de manera significativa la seguridad, la reputación y la identidad futura del menor. La sentencia subraya que la responsabilidad parental no confiere un derecho unilateral para disponer de los derechos personalísimos de los hijos, como la intimidad o la propia imagen, y que estos deben ser resguardados por ambos progenitores.

Asimismo, la resolución judicial invoca la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reforzando la obligación del Estado de velar por la protección de la identidad digital de los niños. El tribunal destacó la necesidad de evitar que los menores se conviertan en «recursos narrativos o comerciales» para los adultos, priorizando su bienestar y desarrollo integral en el entorno digital.

Este inédito fallo tucumano abre un debate crucial sobre los límites de la exposición de menores en redes sociales y sienta un precedente fundamental para la protección de sus derechos a la privacidad y la imagen en la era de la omnipresencia digital, marcando un hito en la jurisprudencia argentina.