El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó un encuentro con intendentes bonaerenses para exigir al Ministerio de Capital Humano el pago de una deuda superior a los 220.000 millones de pesos destinada a asistencia alimentaria. Advirtió sobre el impacto del ajuste y destacó el rol de contención de los jefes comunales.

En un contexto de creciente tensión entre la provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada, el gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles una cumbre con intendentes e intendentas bonaerenses en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El eje central del encuentro fue el reclamo formal ante el Ministerio de Capital Humano por la retención de fondos nacionales destinados a la asistencia alimentaria, una situación que las autoridades provinciales catalogaron de crítica.

La jornada contó con la presencia de figuras clave del gabinete provincial, como la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, además de una amplia convocatoria de jefes comunales, legisladores y otros ministros. Durante la reunión, se expuso la drástica reducción del aporte nacional en programas esenciales y se unificó una postura de exigencia hacia el gobierno de Javier Milei.

Kicillof fue categórico al referirse a la gestión económica y social de la administración nacional. «El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles», sentenció el mandatario provincial. En su diagnóstico, el Gobernador consideró que el plan económico del presidente obedece a una «lógica perversa», cuyo objetivo es que las consecuencias del ajuste recaigan directa y exclusivamente sobre las administraciones provinciales y municipales.

En esa misma línea, el titular del Ejecutivo bonaerense ponderó el trabajo territorial de los mandatarios locales frente al actual escenario socioeconómico. «Si la Argentina hoy no está incendiada, es pura y exclusivamente por el inmenso trabajo de contención y acompañamiento que realizan los intendentes e intendentas en cada uno de sus distritos», remarcó. Además, reiteró su compromiso de trabajar articuladamente con los municipios para «reducir el daño» que las políticas nacionales están generando en las familias de la provincia.

Los números de la asistencia alimentaria y la deuda nacional

El principal foco de conflicto reside en el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), el programa alimentario más grande del país, que brinda cobertura a más de 2,5 millones de estudiantes bonaerenses. Desde el gobierno de la Provincia advirtieron sobre una caída histórica en la inversión real por parte del Estado Nacional: mientras que históricamente la Nación aportaba el 33% de los fondos, en la actualidad esa cifra se ha desplomado al 14%.

El ministro Andrés Larroque precisó la magnitud del déficit generado por estos recortes. «Llevamos al Ministerio de Capital Humano de la Nación el reclamo por una deuda de más de $220.000 millones sobre el programa SAE», detalló el funcionario. Larroque también cuestionó las medidas tomadas por la titular de la cartera nacional, Sandra Pettovello: «Mientras tenemos una inflación cercana al 40%, la ministra plantea un incremento de los recursos del 4%: le pedimos a Milei y a sus funcionarios que se hagan cargo de la realidad y paguen las deudas que tienen con la Provincia».

Para compensar esta retracción de los recursos federales, la administración de Kicillof dispuso un incremento del 30% en los fondos propios destinados al SAE, alcanzando una inversión anual total de $553.910 millones, con el objetivo de sostener la asistencia en las escuelas.

Documento conjunto y exigencias

Como corolario del encuentro, las autoridades presentes firmaron un documento dirigido al Gobierno nacional en el que solicitan de manera urgente la revisión y actualización de los montos asignados al SAE, así como la reincorporación de financiamiento nacional para el Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria).

La vicegobernadora Verónica Magario se sumó al pedido subrayando la urgencia de la situación: «Hemos venido a reclamar por una situación crítica que están atravesando muchos bonaerenses como consecuencia de los recortes del Gobierno nacional. Exigimos que terminen con los ajustes y que le den a nuestra Provincia todos los recursos que nos adeudan».

Por su parte, el intendente Fernando Espinoza, en su rol de presidente de la FAM, concluyó con un mensaje contundente: «Nos convocamos intendentes e intendentas bonaerenses de distintos partidos políticos para exigirle al Gobierno nacional que cumpla inmediatamente con los comedores escolares y deje de jugar con la comida de los jóvenes».

El encuentro también contó con la participación de la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Walter Correa (Trabajo) y Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos); y la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila.