Organizaciones sindicales y sociales de Bahía Blanca han expresado un «enérgico repudio» al veto presidencial de la ley que destinaba asistencia específica para la reconstrucción de la ciudad, gravemente afectada por un desastre climático que dejó miles de familias damnificadas. La medida del Poder Ejecutivo Nacional ha generado un profundo malestar en la comunidad local, que esperaba el respaldo estatal para afrontar los cuantiosos daños.

El comunicado, difundido por distintas entidades entre las que se cuentan «La Celeste» de CTA y Suteba Bahía Blanca, subraya la contradicción entre la votación democrática en el Congreso, que había aprobado la herramienta de reparación, y la decisión del gobierno nacional de «darle la espalda a las necesidades urgentes de nuestro pueblo». La crítica apunta a una supuesta priorización de intereses financieros sobre las necesidades sociales, afirmando que el mismo gobierno que «no duda en seguir alimentando la timba financiera» recorta en áreas sensibles como «derechos, infraestructura y vida digna».

Las organizaciones califican la decisión de vetar la ley como «no técnica ni inocente», sino «política y clasista». Argumentan que «no hay recursos para quienes más lo necesitan, pero sí para pagarle al FMI y proteger los negocios de unos pocos». Este señalamiento refuerza la percepción de una política de ajuste que impacta directamente en los sectores más vulnerables de la sociedad.

El documento enfatiza que Bahía Blanca «no necesita discursos vacíos ni ajustes salvajes», sino «políticas públicas concretas, inversión estatal y justicia social». Las entidades firmantes sostienen que «no se callan frente al abandono» y reafirman su compromiso de «sostener la memoria de lo vivido» para seguir luchando por un «Estado presente» que responda a las demandas de la ciudadanía.

El desastre climático al que se hace referencia dejó un rastro de destrucción en la ciudad, afectando viviendas, servicios básicos e infraestructura. La expectativa de una ley de asistencia nacional era alta, y su veto genera un clima de incertidumbre y preocupación respecto a los recursos disponibles para afrontar la recuperación definitiva. La comunidad bahiense, que ha mostrado una notable capacidad de resiliencia y solidaridad, ahora mira hacia el futuro con la demanda de un apoyo gubernamental efectivo y tangible.