En medio de los anuncios de desregulación económica impulsados por el Gobierno, el legislador de Unión por la Patria reclamó transparencia patrimonial al vocero presidencial.

La tensión política entre el bloque de Unión por la Patria y el Gobierno nacional ha escalado tras la presentación de un paquete de reformas corporativas por parte de la administración libertaria. En este marco, el diputado Sebastián Galmarini protagonizó un cruce directo con el vocero presidencial, Manuel Adorni, al exigir la presentación pública de su declaración jurada de bienes.

El legislador opositor desestimó las recientes iniciativas legislativas enviadas por el Poder Ejecutivo, calificándolas de «cortina de humo». Según el diputado, los anuncios normativos buscan desviar la atención de la opinión pública respecto a temas de gestión. En su mensaje, el referente peronista no solo cuestionó la política económica, sino que interpeló directamente al funcionario nacional, instándolo a transparentar su situación patrimonial sin demoras.

Para elevar el tono de su reclamo, Galmarini utilizó sus redes sociales, donde incluyó una referencia lírica al rapero Canserbero, empleada como metáfora sobre la veracidad de los discursos públicos y sus límites temporales. Además, el dirigente ironizó utilizando el estilo comunicativo característico del propio Adorni para cerrar su alocución digital.

Mientras esta disputa capta la atención mediática, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, avanzó con el ingreso de la nueva Ley General de Sociedades. Esta iniciativa tiene como objetivo reemplazar la normativa vigente, que data del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse. El oficialismo sostiene que esta reforma es fundamental para atraer inversiones, proponiendo la sustitución de un esquema administrativo rígido por un sistema de negocios más flexible.

Desde la Casa Rosada indicaron que el nuevo paradigma busca limitar drásticamente la intervención estatal en los acuerdos comerciales entre privados, reservando la fiscalización pública solo para casos excepcionales. Sin embargo, este esquema de desregulación promete ser un punto de fricción en el Congreso, donde Unión por la Patria ya ha anticipado su resistencia a la propuesta. La viabilidad del proyecto dependerá, en última instancia, de los acuerdos que se logren alcanzar en las comisiones legislativas durante los próximos días.