El escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha tomado un nuevo rumbo tras la aparición de una hipótesis que sugiere que la filtración de los chats podría ser el resultado de una venganza personal. Los investigadores no descartan que una relación sentimental rota haya motivado la divulgación de las conversaciones. Además, se analizan indicios que vincularían el caso con una supuesta red de prostitución gay en círculos de poder.

La investigación sobre el escándalo de presunta corrupción en el área de discapacidad podría estar a punto de dar un giro dramático y sorprendente. Según fuentes judiciales, una nueva hipótesis ha cobrado fuerza en las últimas horas: la filtración de los chats que destaparon la trama no habría sido un mero acto de denuncia, sino una venganza personal motivada por el fin de una supuesta relación sentimental.

Esta teoría, que se mantiene en un plano de especulación, sugiere que las conversaciones habrían sido divulgadas por allegados a un funcionario de alto perfil que se encuentra actualmente en campaña electoral. «No descartamos una venganza personal, por una relación rota», afirmaron fuentes de la justicia. La supuesta ruptura del vínculo habría sido abrupta y habría motivado la filtración para perjudicar la carrera política del funcionario.

Además de esta línea de investigación, los investigadores estarían profundizando en un hallazgo aún más delicado. Al analizar los chats, se habrían encontrado indicios que apuntarían a la existencia de una presunta red de prostitución gay ligada a círculos de poder. Este hallazgo, de ser confirmado, añadiría una capa de complejidad y oscurantismo a un caso que ya de por sí combina corrupción, poder y conflictos personales.

En este contexto, en los pasillos de la justicia se mencionan, con ironía, los dichos de la diputada Lemoine sobre la orientación sexual de José Luis Espert, aunque sin una conexión directa con el caso. No obstante, esto resuena con el vínculo que el diputado tenía con Diego Spagnuolo, el exabogado y persona de confianza de Javier Milei que renunció como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Esta nueva arista de la investigación podría cambiar por completo el enfoque de la causa. Hasta ahora, el foco estaba puesto en una supuesta red de recaudación ilegal que exigía un 8% de la facturación a laboratorios farmacéuticos para obtener contratos con el Estado, lo que ascendería a entre 500 mil y 800 mil dólares mensuales.

La complejidad de la trama también involucra a otros nombres, como el de Emmanuel Kovalivker, dueño de la firma Suizo Argentina, uno de los grandes proveedores de medicamentos del Estado, quien fue encontrado por la policía escapando con 266 mil dólares en efectivo. Su hermano, Jonathan Kovalivker, se encuentra prófugo y con una caja de seguridad abierta en su domicilio, lo que alimenta las sospechas de una fuga con dinero.

Además, el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel María Garbellini, era el nexo entre la empresa distribuidora de medicamentos y la agencia estatal. Spagnuolo también acusó a Eduardo «Lule» Menem, hijo del exsenador Eduardo Menem, de ser uno de los responsables de la red de corrupción. La trama se extiende incluso a la hermana del presidente, Karina Milei, a quien Spagnuolo acusó de ser una de las grandes beneficiadas, llevándose entre el 3% y el 4% de lo recaudado.

Este complejo entramado de poder, dinero y relaciones personales está lejos de resolverse y podría seguir generando novedades a medida que la justicia avance en su investigación.