El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la AFA y a su mesa chica por la presunta apropiación indebida de más de 19.300 millones de pesos. La medida pone en duda la presencia de los dirigentes en la Finalissima y el inicio de la Copa del Mundo.

En un fallo que sacude los cimientos del fútbol argentino, la Justicia en lo Penal Económico dictó la prohibición de salida del país para el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y su principal operador político, el tesorero Pablo Toviggino. La medida, de alto impacto institucional, se produce a menos de cuatro meses del inicio del Mundial 2026 y en la previa de compromisos internacionales de la Selección Argentina.

El magistrado Diego Amarante fijó además la fecha de declaración indagatoria para el próximo jueves 5 de marzo. La causa investiga la presunta apropiación indebida de $19.353.480.952, monto que corresponde a retenciones impositivas y aportes de seguridad social de los empleados de la entidad que nunca fueron ingresados al fisco.

Una cúpula bajo la lupa La resolución judicial no solo alcanza a Tapia y Toviggino. El llamado a indagatoria y la restricción migratoria se extienden a otros nombres de peso en la estructura de calle Viamonte: Cristian Malaspina (Secretario General y presidente de Argentinos Juniors), Gustavo Roberto Lorenzo (Director General) y Víctor Blanco (ex Secretario General).

La querella, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), sostiene que la AFA retuvo montos vinculados a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales sin depositarlos en el plazo legal. La investigación detalla 69 hechos independientes ocurridos de forma consecutiva entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El Mundial y la Finalissima en jaque La prohibición de salir de la Argentina representa un escollo logístico y político de magnitud para Tapia. Con la Finalissima programada para el 27 de marzo en Qatar y el inicio del Mundial el 11 de junio en Norteamérica, el titular de la AFA se encuentra ahora supeditado a autorizaciones judiciales excepcionales o a una resolución favorable de su situación procesal tras la indagatoria.

ARCA fue tajante en sus argumentos: la AFA contaba con la capacidad financiera necesaria para cumplir sus obligaciones, evidenciada en movimientos bancarios millonarios y colocaciones a plazo fijo. Según el Régimen Penal Tributario, los agentes de retención que no depositen los fondos descontados a terceros enfrentan penas de dos a seis años de prisión.