La Dirección Nacional de Vialidad atraviesa un período de profunda incertidumbre a nivel nacional, y los trabajadores del Distrito 19, con cabecera en Bahía Blanca, no son la excepción. Tras el reciente anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni sobre el cierre del organismo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el personal se encuentra en estado de asamblea permanente, a la espera de definiciones por parte de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA).

Eduardo Palomo, secretario gremial de Vialidad Nacional en Bahía Blanca, describió la situación que atraviesan los aproximadamente 140 viales bahienses. «Estuvimos conversando en una asamblea y los trabajadores tienen desilusión, angustia e incertidumbre de no saber qué va a pasar. Porque esto cambia día a día más allá del decreto y no sabemos qué va a suceder con la fuente laboral», expresó Palomo en declaraciones a medios locales.

A pesar del delicado panorama y las preocupaciones por el futuro de sus puestos de trabajo, muchos de los cuales son en precariedad laboral con contratos temporales que se extienden por hasta 15 años, los operarios de Vialidad en Bahía Blanca continúan con sus labores cotidianas.

«Hoy estamos operando tranquilamente, vamos a seguir operando. La idea es no dejarlo de hacer, la sociedad necesita que se sigan dando soluciones como podamos y con las herramientas que tengamos para no perjudicar la transitabilidad de las rutas», afirmó Palomo, subrayando el compromiso con el servicio a la comunidad. Sin embargo, enfatizó que esto no los aparta de su reclamo: «Sin perder el eje de seguir reclamando por nuestros derechos como trabajadores».

El anuncio del cierre de Vialidad Nacional, que el gobierno justificó como una medida para eliminar la corrupción y generar ahorro, ha generado un amplio rechazo sindical y preocupación por el mantenimiento de los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Gremios como UOCRA, SECASFPI y el propio Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) han denunciado la medida como una «privatización encubierta» y advierten sobre el riesgo de abandono de rutas y un aumento de accidentes.

Mientras tanto, en la capital bonaerense y otras provincias, los trabajadores viales se han manifestado y evalúan acciones legales para frenar la disolución del organismo. La situación de los 140 empleados del Distrito 19 en Bahía Blanca, sumada a la de miles en todo el país, refleja la profunda preocupación por el futuro de la infraestructura vial y los puestos de trabajo en un sector considerado estratégico para el desarrollo federal.