Un vergonzoso fallo de la Sala 2 de la Cámara de Casación ha conmocionado a Bahía Blanca, al absolver a dos condenados por crímenes de la Triple A. La decisión judicial, calificada de «arbitraria y absurda» por H.I.J.O.S., Red por la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo, desvaloriza pruebas y testimonios cruciales, y genera un profundo repudio social que exige «Memoria, Verdad y Justicia».

La comunidad de Bahía Blanca se encuentra en estado de conmoción e indignación tras conocerse un fallo judicial que ha reabierto viejas heridas y provocado un contundente repudio por parte de los organismos de Derechos Humanos locales. H.I.J.O.S., Red por la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian el «vergonzoso fallo» de la Sala 2 de la Cámara de Casación, que, en una decisión dividida, absolvió a Juan Carlos Curzio y Héctor Forcelli, previamente condenados por crímenes perpetrados por la temible Triple A en Bahía Blanca.

La sentencia original, que había sido dictada el 2 de agosto de 2021, reconocía la responsabilidad de estos individuos en actos de violencia política y represión ilegal. Sin embargo, la reciente resolución de Casación ha revertido esta condena de manera insólita. Según el comunicado de los organismos, la jueza Ángela Ledesma, con la adhesión del juez Guillermo Jacobuzzi, absolvió a los imputados «en apenas dos renglones», sin ofrecer una fundamentación sólida, sin analizar la prueba presentada ni considerar lo resuelto por el Tribunal que los había condenado en primera instancia. Esta falta de rigor en la argumentación judicial ha sido uno de los puntos más cuestionados por los defensores de los Derechos Humanos.

El análisis del fallo, que consta de 117 páginas, revela una disparidad alarmante: 107 de esas páginas están dedicadas a fundamentar la posición disidente del juez Alejandro Slokar, el único que se opuso a la absolución. En contraste, la jueza Ledesma utiliza solo cuatro páginas para justificar su postura, admitiendo que la fundamentación de Slokar es «muy bien», pero argumentando que no sería suficiente para la condena. Aún más preocupante, la jueza Ledesma reconoce que los crímenes de la Triple A son de lesa humanidad y que existió una asociación ilícita en la conformación de esta patota, pero, «sin explicación alguna», concluye que lo valorado por el Tribunal local no es suficiente, sin especificar qué pruebas o elementos adicionales serían necesarios.

Esta decisión ha generado un profundo desvalorización no solo de las pruebas documentadas aportadas por la fiscalía y consideradas válidas por el Tribunal bahiense, sino también de los testimonios clave escuchados durante el juicio. Estos relatos, en palabras de los organismos, «dieron cuenta, como en ningún otro, de cómo era el actuar impune de la patota asesina de la Triple A, que, a la vista de todos, aterrorizaba a la ciudadanía bahiense». La absolución de Curzio y Forcelli, en este contexto, no solo ignora el sufrimiento de las víctimas y sus familiares, sino que también desdibuja la memoria histórica de un período oscuro de la Argentina.

Ante este «insólito fallo», la fiscalía de Casación asumirá la responsabilidad de apelar ante la Corte Suprema, buscando revertir esta decisión que ha sido ampliamente condenada. Los organismos de Derechos Humanos han expresado su más enérgico repudio a este «accionar arbitrario y absurdo», y han hecho un llamado a la sociedad a «acompañar su rechazo, a abrazar a las víctimas, familiares y testigos». La preocupación es que este tipo de resoluciones judiciales no solo vuelven a victimizar a quienes ya sufrieron, sino que también se enmarcan en una creciente tendencia de «fallos negacionistas» que, según los organismos, están cada día «más en sintonía con las medidas que en materia de Derechos Humanos viene implementando el gobierno nacional».

La consigna de «Memoria, Verdad y Justicia» resuena con fuerza en Bahía Blanca, reafirmando el compromiso con la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad y el castigo a sus responsables. El comunicado finaliza con el recordatorio de los «30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTES», subrayando la continuidad de una lucha que, a pesar de los reveses judiciales, no se detiene.