La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA de la Cámara de Diputados presentó su informe final, concluyendo que los hechos se condicen con una “presunta estafa” bajo el mecanismo de rug pull. El documento señala que el Presidente de la Nación, Javier Milei, habría prestado una “colaboración imprescindible” para la concreción de la maniobra. La oposición recomienda al Congreso evaluar si el mandatario incurrió en “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, un paso previo al juicio político. El informe también detalla las responsabilidades políticas, el patrón de conducta repetido con otros tokens y la denuncia penal a funcionarios del Ejecutivo y la Justicia por entorpecer la investigación.

Tras varios meses de labor, y luego de superar sucesivos intentos de bloqueo por parte del oficialismo, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA presentó su contundente informe final en el Congreso Nacional. El documento de más de 200 páginas no solo apunta a una supuesta estafa de alcance internacional, sino que coloca la lupa directamente sobre la responsabilidad política del Presidente Javier Milei y su entorno.

La “colaboración imprescindible” del jefe de Estado

 

El núcleo de las conclusiones de la Comisión se centra en la participación directa del Presidente Milei en la promoción de la memecoin $LIBRA, en febrero de 2025. Según el informe, la acción del mandatario, realizada desde su cuenta verificada en la red social X, fue una “condición necesaria” para que el “ardid” y el “engaño” a miles de inversores pudiera consumarse.

El informe de los diputados opositores, quienes lideraron la investigación, sostiene que los hechos analizados son compatibles con una presunta estafa bajo el artículo 172 del Código Penal argentino. La figura delictiva investigada es la de Rug Pull (tirón de alfombra), una maniobra común en el mundo cripto donde los creadores de un proyecto retiran de golpe toda la liquidez, provocando el colapso del precio y la pérdida total del capital de los inversores.

La prueba del contrato no público

 

Uno de los puntos clave para desestimar la defensa de Milei, quien había asegurado no conocer los pormenores del proyecto y solo había difundido información pública, fue la publicación de un dato sensible.

Quedó acreditado que el Presidente publicó un número de contrato que no era de acceso público. Según el documento, hasta la fecha, el Presidente “sigue sin explicar cómo lo obtuvo”. Este detalle, sostiene la Comisión, “refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda”.

El impacto económico: 114.410 billeteras en rojo

 

El informe puso cifras al presunto fraude. De acuerdo con el análisis técnico de las blockchain realizado por los investigadores, el total de billeteras que operaron con $LIBRA ascendió a 143.142. De ese total, 114.410 billeteras tuvieron pérdidas.

Esto implica que el porcentaje de billeteras que sufrieron pérdidas con el token promovido por el Presidente fue de casi el 80% (79.90%). Solo unas 36 billeteras, con información privilegiada, lograron ganancias superiores al millón de dólares.

Un patrón de conducta financiera

 

La Comisión también concluyó que la estafa de $LIBRA no fue un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de maniobras presuntamente ilícitas donde se repiten los mismos actores: el Presidente Javier Milei, y los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

El informe recordó que, en diciembre de 2024, se registró una operatoria similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol ($KIP), que también fue promocionada por el mandatario. Además, se mencionan antecedentes con otras criptomonedas como CoinX y Vulcano, repitiendo el modus operandi de la promoción de activos de alto riesgo sin la debida diligencia o control estatal. El análisis de la blockchain detectó flujos de fondos que coinciden con montos y fechas que describirían un presunto acuerdo para monetizar la imagen presidencial.

La recomendación al Congreso: Mal desempeño

 

El punto más álgido del informe es la sugerencia al pleno de la Cámara de Diputados. La Comisión resolvió que “los hechos analizados y la responsabilidad política determinada […] hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.

Los legisladores opositores señalan que Milei omitió activar “los mecanismos estatales de debida diligencia” e incurrió en un “uso indebido de la Investidura Presidencial”, lo cual podría configurar una violación abierta a la Ley de Ética Pública y un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta recomendación insta a la Cámara de Diputados a tomar una decisión sobre la apertura de un proceso de investigación que podría derivar en un eventual juicio político, aunque fuentes cercanas al oficialismo consideran que, con la nueva composición legislativa, dicha posibilidad difícilmente prospere.

Denuncias penales contra funcionarios del Ejecutivo y la Justicia

 

Finalmente, el informe detalla la falta de colaboración de otros poderes del Estado, que “entorpecieron” el trabajo de la Comisión.

Se resolvió denunciar penalmente por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público a los miembros del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que fueron citados y se negaron a asistir, incluyendo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik.

Asimismo, se decidió denunciar ante los órganos competentes a funcionarios del Poder Judicial de la Nación (PJN), en particular al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, quienes “sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación” y se les acusa de no permitir el acceso al expediente ni autorizar la citación por la fuerza pública de los funcionarios del Ejecutivo. La Comisión resolvió remitir a la Justicia toda la información pertinente recopilada para contribuir a la causa penal.