Tras tres días de frecuencias reducidas y usuarios varados, el municipio de Bahía Blanca amenazó con intimar a las empresas San Gabriel y Fournier. Entre calificativos de «medida salvaje» y una cuestionable demora en la reacción oficial, el ejecutivo busca ahora retomar un diálogo que las prestatarias rompieron el viernes pasado.

La crisis del transporte público en Bahía Blanca alcanzó un punto de tensión máxima, no solo por la decisión empresarial de recortar servicios, sino por la parsimonia con la que el gobierno local ha gestionado el conflicto. Recién este lunes, casi 72 horas después de que las empresas San Gabriel y Rastreador Fournier iniciaran un recorte unilateral de frecuencias y horarios, el Ejecutivo municipal ensayó una respuesta oficial a través del subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte, Fabián Lliteras.

Una retórica dura para una acción lenta

Lliteras no ahorró adjetivos para describir la situación, calificando la medida de las prestatarias como «unilateral, salvaje» y denunciando que la misma pone de «rehén a usuarios y trabajadores». Sin embargo, estas definiciones contrastan con la realidad cronológica: el servicio comenzó a fallar el sábado y la reacción institucional de peso llegó recién al inicio de la semana laboral, dejando a miles de bahienses a pie durante todo el fin de semana sin un respaldo estatal claro.

El funcionario admitió que el diálogo se cortó de forma intempestiva el viernes pasado, cuando las compañías hicieron público el documento del ajuste. A pesar de reconocer la gravedad de una medida que rompe los pliegos de licitación y los contratos vigentes, el municipio optó inicialmente por un silencio que muchos sectores de la ciudad interpretaron como tibieza frente al poder empresarial.

Argumentos válidos, soluciones ausentes

Desde la Municipalidad se reconoció que el contexto macroeconómico es crítico. Lliteras mencionó el aumento de costos —especialmente el combustible, con alzas superiores al 50%— y la quita de subsidios nacionales por parte del gobierno de Javier Milei como factores que asfixian el sistema. No obstante, advirtió que estos argumentos no otorgan «vía libre» para desatender las obligaciones contractuales.

«Si el costo pretendemos trasladarlo en un 100% a los pasajeros, se termina el sistema público», señaló el subsecretario, haciendo un llamado a la «reflexión» y a la «racionalidad». La gran incógnita es si una simple intimación administrativa será suficiente para doblegar la postura de firmas que ya demostraron su voluntad de paralizar la ciudad para forzar una negociación.

La deuda con el usuario

Mientras el Ejecutivo asegura mantener una «vocación de diálogo», la realidad en las paradas de colectivo cuenta otra historia. La demora en intimar a las empresas y la falta de planes de contingencia durante el fin de semana exponen una gestión que parece correr detrás de los acontecimientos. El intendente, según Lliteras, debe «cuidar a los pasajeros y trabajadores», pero por ahora, esa protección se limita a un anuncio de medidas legales que llegan cuando el daño al usuario ya ha sido sustancial.