El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil fijó las fechas para el debate oral que se desarrollará la próxima semana. El hecho ocurrió en 2024, cuando la víctima falleció tras un incendio intencional en su vivienda de calle República Siria.

Durante los días 9, 10 y 11 de marzo, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Bahía Blanca llevará a cabo el debate oral para analizar la responsabilidad de un joven menor de edad en el homicidio de Rosario Sansone. El proceso judicial busca esclarecer los hechos ocurridos a fines de 2024 que conmocionaron a la ciudad.

Según la investigación liderada por la UFIJ N.º 2 de menores, a cargo del fiscal Carlos Human, el crimen tuvo lugar en la madrugada del 3 de noviembre de 2024. De acuerdo a las pericias, a Rosario Sansone se le dio muerte mediante el uso de una fuente ígnea que generó un incendio en su habitación, en el domicilio ubicado en República Siria al 1400. El informe médico autopsial determinó que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio provocado por la falta de oxígeno y una inflamación de glotis derivada del calor extremo.

Una investigación con múltiples pruebas

Para llegar a esta instancia de debate oral, la fiscalía recolectó un amplio abanico de elementos probatorios. Entre las medidas realizadas se destacan:

• Análisis de cámaras de seguridad de las inmediaciones del domicilio.

• Pericias sobre teléfonos celulares y una notebook secuestrada.

• Informes de instituciones bancarias y movimientos en billeteras virtuales.

• Pericias de dactiloscopia y cotejos de ADN realizados por la Policía Científica.

• Informes médicos psiquiátricos practicados al joven acusado.

Con estos elementos, la Jueza de Garantías del Joven resolvió la elevación de la causa a juicio, considerando acreditado el hecho bajo la calificación penal de homicidio agravado con alevosía. Asimismo, se dispuso prorrogar la prisión preventiva del imputado.

Un proceso bajo reserva legal

Dado que el imputado era menor de edad al momento del hecho, el debate oral se regirá por los artículos 4 y 5 de la Ley 13.634. Esto implica que el proceso tiene carácter estrictamente reservado para las partes involucradas, prohibiendo la difusión de la identidad del joven, así como de cualquier dato que permita su individualización (nombre, apodo, filiación o residencia).

Además, la justicia ordenó que el joven continúe con el tratamiento profesional indicado y solicitó la convocatoria de una junta médica para realizar un análisis interdisciplinario profundo sobre su estado actual previo a la sentencia definitiva.