En una resolución que desnuda la persecución contra la actividad sindical, el juez Alberto Manzi autorizó la libertad del Secretario Adjunto de la Asociación Empleados de Comercio. Mientras el gremio sostiene su inocencia, la Justicia impone una caución de 30 millones de pesos para subsanar un proceso plagado de irregularidades.

La balanza de la justicia bahiense parece inclinarse, una vez más, hacia los intereses que criminalizan la protesta social. En las últimas horas, se confirmó que Claudio Montiel, Secretario Adjunto de la Asociación Empleados de Comercio (AEC), recuperará su libertad. La decisión fue tomada por el juez de Garantías, Alberto Manzi, quien dictó su excarcelación bajo una caución real de 30 millones de pesos.

A pesar de la embestida judicial que buscaba mantenerlo tras las rejas, el magistrado no hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía. Esta resolución representa un revés para quienes intentaron presentar un reclamo gremial legítimo como un raid delictivo, utilizando carátulas desmedidas como privación ilegítima de la libertad y coacción agravada.

Una detención con tinte político

Los hechos que originaron la detención de Montiel ocurrieron el pasado Viernes Santo en las inmediaciones del Bahía Blanca Plaza Shopping. Lo que el sindicato defiende como una acción en defensa de los derechos de los trabajadores mercantiles, fue traducido por la justicia en una acusación por daños y violación de domicilio.

Desde la Asociación Empleados de Comercio han mantenido una postura firme: la detención de su Secretario Adjunto fue un intento de disciplinar a un gremio que no se arrodilla ante las presiones patronales. Montiel, quien había sido trasladado recientemente de la Comisaría Primera a la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Villa Floresta, permaneció alojado en el penal como si se tratara de un criminal peligroso, una medida que el sindicato califica de excesiva y arbitraria.

El precio de la libertad

Para que la excarcelación se haga efectiva, Montiel deberá depositar la millonaria suma de 30 millones de pesos. Una vez fuera de Villa Floresta, el dirigente deberá someterse a una serie de reglas de conducta impuestas por el juzgado.

Este caso deja al descubierto una Justicia que, lejos de ser imparcial, parece ensañarse con los representantes de los trabajadores mientras ignora los reclamos de fondo. Mientras el sindicato se moviliza para cumplir con la fianza, queda flotando en el aire la pregunta: ¿se juzga el hecho o se persigue la representación gremial?