La jueza federal Sandra Arroyo Salgado denegó el pedido de excarcelación de Eva Mieri, concejala de Quilmes, quien continuará detenida por su presunta implicación en el escrache ocurrido el pasado 17 de junio en la residencia del diputado libertario José Luis Espert, en Beccar. La magistrada fundamentó su decisión en el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, y se evalúa el inminente traslado de la funcionaria al penal de Ezeiza.

La concejala Mieri enfrenta graves acusaciones que incluyen amenazas coactivas agravadas, incitación al odio por razones políticas, atentado contra el orden público, malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de una patente.

Los Elementos de la Acusación

Según la resolución judicial, Eva Mieri habría utilizado una camioneta Chevrolet S10, perteneciente al municipio de Quilmes y destinada a tareas comunales de una empresa constructora, para trasladarse hasta el domicilio del legislador. Este vehículo, que presuntamente transportó el estiércol utilizado en el escrache, habría sido modificado intencionalmente con parte de su patente cubierta para evitar su identificación.

La jueza Arroyo Salgado sostiene que la concejala «habría formado parte, al menos transitoriamente, de una agrupación que tenía como objetivo ‘amedrentar’ al diputado libertario y ‘condicionar su actividad política’ a través del uso de la fuerza y el temor». Como parte de las pruebas, se citaron conversaciones entre Mieri y Alesia Abaigar, otra funcionaria que fue detenida y luego beneficiada con prisión domiciliaria, donde coordinaban detalles previos al ataque. Un dato que llamó la atención de la magistrada fue que el celular de Mieri no registraba actividad previa al día del hecho, lo que la jueza describió como «como si hubiera nacido ese día».

Rechazo a la Excarcelación y Liberaciones Parciales

La defensa de Mieri había solicitado su excarcelación argumentando su condición de concejala, su falta de antecedentes y la inexistencia de riesgos procesales. Sin embargo, Arroyo Salgado desestimó estos argumentos, recordando que la inmunidad legislativa no impide una detención si existe una orden judicial y remarcando que los delitos imputados conllevan penas que podrían alcanzar hasta 14 años de prisión.

En contraste con la situación de Mieri, la jueza ordenó la liberación bajo caución de otros dos militantes peronistas también implicados: Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi. Esta medida se suma a la ya dispuesta para Candelaria Montes Caté, quien recuperó la libertad el día anterior.

El Repudio de la Oposición

La detención de la concejala Eva Mieri y la de otros militantes generó una fuerte reacción en el arco opositor. El Partido Justicialista de Bahía Blanca, a través de un comunicado, expresó su «absoluto repudio a la detención de compañeras militantes, actualmente privadas de su libertad a disposición de la justicia federal por un hecho que, en cualquier marco razonable, no podría superar el tratamiento de una contravención menor». El comunicado considera «inadmisibles las medidas de privación de la libertad frente a episodios que distan de constituir delitos» y denuncia un «exceso grave y preocupante» en el uso del sistema de administración de justicia para intervenir en «acciones de carácter político, simbólico o expresivo». El PJ también exigió la «inmediata libertad de las compañeras detenidas» y llamó a «defender con coherencia y coraje los principios republicanos».

En línea con esto, el Partido Justicialista a nivel nacional también se pronunció en redes sociales, exigiendo la «liberación de los militantes arrestados por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado» y denunciando un proceso de «Terrorismo de Estado de baja intensidad» impulsado por el Gobierno. La controversia por este caso continúa escalando, mezclando aspectos judiciales con fuertes repercusiones políticas.