El titular de la bancada peronista en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, presentó un proyecto de ley para otorgar exenciones impositivas del 100%, frenar cortes de servicios públicos y dar prioridad a la producción local ante la caída del consumo y el impacto de las importaciones.

En un contexto marcado por la aceleración en la apertura de las importaciones y la profunda caída del consumo interno en el mercado local, el presidente de la bancada peronista en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Facundo Tignanelli, presentó un proyecto de ley para declarar por el término de un año la emergencia económica, productiva y laboral de la industria del calzado. La iniciativa, impulsada por el legislador referenciado en la organización política La Cámpora, busca establecer un marco transitorio de contención para aliviar la delicada situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del sector textil y manufacturero en el territorio bonaerense, resguardando las capacidades operativas y sosteniendo los puestos de trabajo formales.

Al fundamentar la propuesta parlamentaria, Tignanelli remarcó la necesidad de implementar asistencia estatal urgente ante el complejo escenario económico nacional. «La declaración de emergencia que se propone constituye una herramienta de carácter temporal y excepcional orientada a generar condiciones que permitan atravesar el período crítico, preservar las fuentes laborales y sostener la actividad productiva hasta tanto puedan recomponerse las condiciones necesarias para su desenvolvimiento normal», argumentó el titular del bloque en los considerandos del expediente presentado en la Cámara Baja provincial.

Uno de los pilares centrales del proyecto radica en un paquete de fuerte alivio impositivo y fiscal dirigido a los establecimientos productivos radicados en la provincia. La norma establece una exención del 100% en el Impuesto a los Ingresos Brutos y en el Impuesto Inmobiliario para todas las actividades vinculadas a la fabricación de calzado. Asimismo, el beneficio impositivo se extiende a la producción de materias primas, partes, componentes e insumos destinados a abastecer a las fábricas radicadas en suelo bonaerense. De forma complementaria, el texto prevé la creación de un régimen especial para la regularización de deudas tributarias provinciales que contempla quitas de intereses, condonación de multas y planes de pago en cuotas, garantizando que mientras los contribuyentes cumplan con las cuotas acordadas no sufrirán el inicio de ejecuciones fiscales.

En relación con los servicios públicos, el proyecto fija una prohibición estricta para las empresas prestadoras bajo jurisdicción provincial, las cuales no podrán suspender ni cortar el suministro de luz, agua o gas por falta de pago a las plantas industriales alcanzadas por la ley durante la vigencia de la emergencia. Además, las distribuidoras deberán ofrecer esquemas especiales de refinanciación y facilidades de pago para cancelar los saldos pendientes. Sobre este apartado, Tignanelli fundamentó que la continuidad de las prestaciones básicas resulta indispensable para evitar la parálisis del sector: «La suspensión por falta de pago puede producir consecuencias que exceden el problema financiero que le dio origen y comprometer directamente la continuidad de los procesos productivos».

El mantenimiento de los puestos de trabajo registrados constituye un requisito obligatorio para acceder y conservar los beneficios previstos en el proyecto de ley. Las firmas beneficiarias deberán sostener la nómina salarial existente al momento de la entrada en vigencia de la norma, exceptuando únicamente aquellas bajas no imputables a la parte patronal, tales como jubilaciones, renuncias voluntarias o fallecimientos. En este sentido, la iniciativa insta al Poder Ejecutivo bonaerense a articular subsidios de tasa, programas de promoción laboral y líneas de financiamiento a través del Banco Provincia destinadas a la adquisición de bienes de capital y ampliación de planta para aquellas empresas que incrementen su personal registrado.

Asimismo, la propuesta introduce una cláusula de incentivo a las compras públicas provinciales conocida como preferencia de origen. Durante los 12 meses que dure la emergencia, todas las contrataciones y licitaciones del sector público bonaerense destinadas a la adquisición de calzado deberán otorgar prioridad absoluta a los productos fabricados en establecimientos de la provincia de Buenos Aires, exigencia que deberá quedar asentada de manera explícita en los pliegos de bases y condiciones.

Para acceder a las exenciones e incentivos normativos, los beneficiarios deberán cumplir con tres requisitos básicos: poseer al menos un establecimiento productivo en el territorio bonaerense, acreditar el desarrollo efectivo de la actividad fabril y mantener la dotación de empleados formales. «Las medidas propuestas procuran generar un marco transitorio de alivio y acompañamiento que permita a las empresas atravesar la situación de emergencia sin abandonar sus capacidades productivas ni reducir injustificadamente sus dotaciones laborales y, sobre todo, contribuir al sostenimiento del entramado productivo provincial», sintetizó Tignanelli.

La urgencia del proyecto parlamentario se respalda además en las alarmantes métricas difundidas por la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA). Según el gremio, las políticas de desregulación y apertura comercial aplicadas por el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei derivaron en la pérdida de más de 7.000 puestos de trabajo en el sector del calzado en lo que va del año. Ante esta coyuntura, desde el bloque oficialista bonaerense insistieron en que la Provincia debe intervenir activamente para evitar que una crisis coyuntural devenga en un desmantelamiento definitivo del tejido industrial de la región.