En las horas previas a una crucial reunión de la Corte Suprema, la Confederación General del Trabajo (CGT) rompió su silencio para manifestar su «incondicional apoyo» a Cristina Fernández de Kirchner, declarándose en «estado de alerta» y señalando que la democracia en Argentina se encuentra en riesgo por una presunta «persecución y proscripción política».

La política argentina se encuentra en un punto de ebullición, y la voz de la principal central obrera del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), ha resonado con fuerza en medio de la expectativa por un inminente fallo de la Corte Suprema que podría ratificar la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Tras varios días de silencio, la CGT emitió un contundente comunicado en el que expresa su «solidaridad y apoyo incondicional» a Fernández de Kirchner, denunciando lo que considera una «persecución y proscripción política».

La decisión de la CGT de pronunciarse ahora no es casual. Se produce justo antes de que la Corte Suprema se reúna para definir el futuro judicial de la exmandataria. Esta situación había generado ya una fuerte efervescencia en diversos gremios que conforman la central obrera, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), SMATA, La Bancaria, FeSiTraJu (Judiciales), Secafpi (Previsionales), ATE Capital (Estatales Porteños), FeSiMuBo (Municipales) y Conadu (Docentes Universitarios), así como ATE Nacional. Todos ellos habían manifestado su rechazo a una posible ratificación de la condena e incluso habían anticipado medidas de fuerza y paros en caso de que el máximo tribunal confirmara la sentencia. La espera de la CGT para pronunciarse generaba incertidumbre, pero su comunicado de este mediodía disipó cualquier duda sobre su postura.

Bajo el título «La Democracia está en peligro», el texto de la CGT no se anduvo con rodeos. «En vísperas de una nueva elección, cualquier fallo que ponga en cuestión las reglas democráticas no hace más que alterar el normal funcionamiento institucional de la nación», comienza el comunicado. La central obrera no solo se limitó a solidarizarse, sino que fue más allá, denunciando «serias irregularidades, difusión anticipada de medidas a través de los medios y manipulación informativa» en el proceso judicial contra CFK. Para la CGT, este tipo de prácticas «desvirtúan y desnaturalizan los procesos de investigación y juzgamiento que deberían ajustarse a derecho y respetar las garantías».

La gravedad de la denuncia radica en que la CGT compara el proceso judicial contra Fernández de Kirchner con casos de «persecución y proscripción política» que, según ellos, ya se han visto en «países hermanos», poniendo como «caso más emblemático» el del expresidente de Brasil, Lula da Silva. Esta comparación resalta la preocupación por la estabilidad institucional y la injerencia de poderes externos en el proceso electoral.

La CGT fue enfática al subrayar la importancia de la voluntad popular: «Es la voluntad popular la que debe ser resguardada ya que solo ella puede decidir, a través de elecciones libres, quiénes serán sus representantes, sin interferencias de otros poderes que obstaculicen este acto de soberanía constitucional». Con estas palabras, la central obrera exige al Poder Judicial que actúe con la «integridad que la ley le exige y la sociedad le reclama», y expresa su «más profundo repudio a la embestida mediática y política sobre la justicia».

Finalmente, el Consejo Directivo Nacional de la CGT sentenció que «la persecución a los candidatos, ya sea del peronismo o de cualquier otra organización que defienda los intereses nacionales y populares, confirma que la proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías». A pesar de la contundencia de sus palabras y las demandas de diversos sindicatos, la CGT, al menos hasta el momento, no ha convocado a una medida de fuerza, manteniendo la expectativa sobre los próximos pasos a seguir.