La comisión de Diputados que investiga la presunta estafa con la criptomoneda $Libra sufrió un revés clave al denegarle el Poder Judicial la potestad de utilizar la fuerza pública para citar a declarar a funcionarios del Gobierno. La oposición denuncia un «pacto de silencio» y una «complicidad» que obstaculiza la tarea de control del Congreso sobre un escándalo que salpica directamente al presidente Javier Milei y su entorno.

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Investigación parlamentaria en punto muerto: la Justicia traba el acceso a información clave

 

La investigación legislativa sobre el caso de la criptomoneda $Libra se encuentra en un punto muerto, luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazara el pedido de la comisión de la Cámara de Diputados para utilizar la fuerza pública y obligar a comparecer a funcionarios clave del Poder Ejecutivo Nacional. Esta decisión judicial, que será apelada por los legisladores que integran el cuerpo, no solo dilata la posibilidad de obtener testimonios fundamentales, sino que también ha disparado fuertes acusaciones de la oposición sobre una maniobra de «encubrimiento judicial» en favor del gobierno de Javier Milei.

La presunta estafa, ocurrida a principios de 2025, generó pérdidas millonarias a miles de inversores que siguieron la promoción que el propio presidente realizó de la memecoin a través de sus redes sociales, desatando una ola de denuncias penales. El revés en tribunales se suma a una serie de negativas y obstáculos que la comisión ha enfrentado desde su conformación, profundizando el conflicto entre el Poder Legislativo y el Judicial en un tema de alta sensibilidad política y económica.

 

Funcionarios clave en la mira se niegan a declarar

 

La Cámara de Diputados había aprobado en abril la creación de esta comisión investigadora, con el objetivo de determinar cuál fue la responsabilidad del presidente, de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros ministros y funcionarios en el escándalo. Desde su conformación, la comisión ha enfrentado una sistemática negativa por parte de los citados a presentarse.

Entre los nombres convocados figuran la propia Karina Milei, cuyo vínculo con el caso es objeto de varias denuncias judiciales; el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, quien se negó a recibir la citación argumentando que la labor parlamentaria duplica una investigación judicial ya en trámite; y la extitular de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación (UTI) por $Libra, María Florencia Zicavo. La inasistencia de estos funcionarios, sumada al rechazo judicial, es vista por los diputados opositores como una clara estrategia para eludir la rendición de cuentas ante el Congreso.

La controversia judicial se centra en la negativa del juez Martínez de Giorgi a conceder el auxilio de la fuerza pública, una facultad que, si bien excepcional, ha sido utilizada por el Congreso en antecedentes recientes, como en el marco del juicio político a los miembros de la Corte Suprema en 2022. La diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) ha sido una de las voces más críticas, señalando que la decisión judicial busca «normalizar la inasistencia de funcionarios» y consolida un «pacto de silencio» entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

 

El fiscal también niega el expediente

 

A este revés se suma la postura del fiscal Eduardo Taiano, quien también negó a la comisión el acceso al expediente de la causa judicial que investiga la estafa por encontrarse en etapa de «instrucción». Los legisladores, que necesitan esa documentación sensible para avanzar en su propia investigación, han acudido al jefe de los fiscales, el procurador general, Eduardo Casal, para intentar revertir esta situación.

El gobierno de Milei, por su parte, ha intentado desvincularse del caso desde el inicio. En mayo de 2025, el Presidente disolvió por decreto la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada dentro del Ministerio de Justicia para esclarecer posibles irregularidades, argumentando que ya había cumplido su tarea. Sin embargo, no se conoció públicamente ningún informe de sus hallazgos, lo que generó más sospechas.

 

La sombra de los contratos y las transferencias

 

La comisión busca determinar si hubo delitos como asociación ilícita, fraude, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, como sugieren las múltiples denuncias penales acumuladas en la Justicia Federal.

A pesar de que el jefe de Gabinete negó en su momento la existencia de cualquier vínculo contractual o beneficio económico entre el presidente y los desarrolladores de $Libra, las investigaciones periodísticas revelaron movimientos de fondos previos a la estafa, como dos transferencias por USD 550.000 que avalarían la hipótesis de un contrato entre Javier Milei y Hayden Davis, uno de los desarrolladores de la criptomoneda. Es esta información, junto con los testimonios de los funcionarios, lo que los legisladores insisten en obtener para ejercer su tarea de control. La comisión ha resuelto apelar la decisión judicial y seguirá buscando la manera de citar a Karina Milei y demás funcionarios, incluso evaluando llegar a la Corte Suprema.