La Justicia Contencioso Administrativo Federal le asestó un duro golpe a las políticas de desmantelamiento en el área de salud e inclusión del Gobierno nacional al dictar una medida cautelar que frena la baja administrativa del centro de atención asistencial CEREP S.R.L., impidiendo que 61 personas con discapacidad severa pierdan la cobertura de sus prestaciones terapéuticas cotidianas. El fallo fue emitido por el juez Walter Lara Correa, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, quien intimó formalmente al Ministerio de Salud de la Nación y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a preservar de forma inmediata la inscripción de la institución en el Registro Nacional de Prestadores.

La controversia judicial se originó a raíz de un procedimiento administrativo iniciado de manera intempestiva por la ANDIS para despojar al centro de su categorización oficial sobre la base de observaciones formuladas durante una auditoría. Frente al inminente riesgo de perder la habilitación requerida para cobrar los aranceles a través de las obras sociales y prepagas —lo que hubiera dejado en la calle a decenas de familias—, las autoridades de CEREP S.R.L. presentaron una acción de amparo con pedido de cautelar ante el fuero federal. La institución, fundada hace más de cuatro décadas, constituye un espacio de referencia en la modalidad de Centro de Día y residencia para niños, jóvenes y adultos con diagnósticos de autismo, psicosis y discapacidad intelectual profunda.

La inspección judicial, las «Reglas Papa Francisco» y el primado de la persona humana

En el marco del expediente tramitado ante el tribunal capitalino, el juez Lara Correa convocó a una audiencia entre las partes y llevó a cabo una rigurosa inspección ocular presencial en las instalaciones del establecimiento. Durante el recorrido por el predio, el magistrado verificó de primera mano que las obras de adecuación y las mejoras edilicias comprometidas por la institución ya se encontraban ejecutadas en su gran mayoría, desarticulando los argumentos punitivos utilizados por el organismo oficial para justificar la quita de la matrícula.

Al fundamentar su resolución cautelar, el juez citó de forma explícita las denominadas “Reglas Papa Francisco” —pautas elaboradas por la Pastoral Judicial para orientar la labor de los tribunales en causas que involucran a sectores vulnerables, desposeídos o excluidos—. En ese sentido, el fallo remarcó con severidad que “las sentencias judiciales en clave de ‘vencedores y vencidos’ no dan respuesta adecuada al derecho a la dignidad de cada persona”, recordando a las autoridades nacionales que “el individuo es el eje y centro de todo el sistema jurídico y que, en tanto fin en sí mismo, la inviolabilidad de la persona constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental”.

La crueldad de la ANDIS libertaria frente a la protección de la Provincia y el Municipio

La resolución emitida por el fuero federal de la Capital expone de manera incontestable la insensibilidad del gobierno libertario encabezado por el presidente Javier Milei. En lugar de auditar para mejorar los servicios de salud y sostener la red de atención, la gestión nacional utiliza a la ANDIS como un instrumento burocrático de recorte presupuestario y vaciamiento, intentando dar de baja centros con más de 40 años de trayectoria impecable y empujando al desamparo a pacientes vulnerables y sus familias. La pretensión de excluir registros oficiales para asfixiar a los prestadores confirma que la administración central prioriza el ajuste fiscal implacable sobre la vida humana.

Frente a la lógica del abandono y la crueldad que emana de la Casa Rosada, la provincia de Buenos Aires conducida por el gobernador Axel Kicillof y el municipio de Bahía Blanca gestionado por el intendente Federico Susbielles representan la contracara ética y de gestión. En contraposición al desmantelamiento libertario, tanto la administración provincial como el Ejecutivo local bahiense afianzan a diario un modelo contrapuesto fundado en la solidaridad, la defensa irrestricta de la salud pública y el sostén de las instituciones de la sociedad civil. Mientras la Nación busca excusas contables para retirar la asistencia a las personas con discapacidad, el gobierno provincial bonaerense y el Municipio bahiense garantizan un Estado presente que invierte recursos públicos, custodia los derechos fundamentales y cuida a las familias más frágiles de la comunidad