En una jornada de trabajo desarrollada en el recinto deliberativo, profesionales de la salud y concejales manifestaron su rotunda oposición al proyecto de modificación enviado al Senado por el Ejecutivo nacional. Destacaron el trabajo interdisciplinario y la continuidad de los cuidados fuera del ámbito hospitalario.

Este lunes por la mañana, el recinto deliberativo ubicado en Sarmiento 12 fue el escenario de una nueva reunión de la Mesa de Salud Mental. El encuentro tuvo como eje central el intercambio de experiencias con equipos profesionales locales y el análisis del impacto que tendría una eventual reforma legislativa a nivel nacional sobre el sistema de cuidados actual.

Fortalecimiento del modelo interdisciplinario

Durante la jornada, los integrantes de la Mesa compartieron un espacio de diálogo con los residentes del equipo de salud mental del Hospital Interzonal Dr. José Penna y su coordinadora, Sabina Romero. Los profesionales comunicaron los detalles de su modelo de atención, el cual se fundamenta en tres pilares esenciales:

• La eficacia del trabajo interdisciplinario y coordinado entre distintos sectores.

• La importancia de garantizar la continuidad de los cuidados más allá de la estructura hospitalaria.

• El abordaje integral del paciente en su entorno comunitario.

Rechazo a la modificación de la Ley Nacional

El punto de mayor tensión política y social de la reunión fue el análisis del proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental que el Ejecutivo nacional envió a la Cámara de Senadores. Tras el debate, la Mesa de Salud Mental resolvió pronunciarse unánimemente en contra de dicha iniciativa.

La concejal Micaela Tomassini fue la encargada de sintetizar la postura del cuerpo, advirtiendo sobre las graves consecuencias que implicaría este cambio normativo. Según explicó la edil, la reforma propuesta representa:

«Un retroceso en materia de Derechos Humanos, financiamiento y dignidad de los pacientes».

Con este posicionamiento, la Mesa busca blindar los avances logrados en el ámbito local y regional, defendiendo un sistema que prioriza la autonomía y los derechos fundamentales de las personas que atraviesan procesos de padecimiento mental.