Bloques opositores en el Senado impulsan la anulación del artículo 154 del DNU 70/23 con el objetivo de restituir el régimen de protección sobre la propiedad de tierras rurales y resguardar la soberanía nacional.

La reciente resolución judicial que volvió a poner bajo análisis la validez de la derogación de la Ley de Tierras abrió una nueva etapa de intensa confrontación política en la Argentina, trasladando de forma inmediata la discusión al corazón del Congreso de la Nación. Apenas se conoció el pronunciamiento en los tribunales, diversos bloques de la oposición comenzaron a coordinar estrategias parlamentarias destinadas a revertir las modificaciones sustanciales introducidas por el Poder Ejecutivo mediante el DNU 70/23, en medio de crecientes cuestionamientos planteados por organizaciones sociales, referentes políticos y sectores dedicados a la defensa del patrimonio natural.

El fallo en cuestión reactivó una controversia de enorme trascendencia institucional y económica que había quedado relegada de la agenda pública principal durante los últimos meses. Sin embargo, la determinación de la Justicia devolvió centralidad a un tema que atraviesa aspectos cruciales de la soberanía territorial y el desarrollo productivo, generando movimientos tácticos inmediatos entre las distintas bancadas que integran ambas cámaras del Parlamento.

Para buena parte de las fuerzas opositoras, el foco del conflicto excede la discusión puntual sobre la regulación inmobiliaria rural. El debate vuelve a poner sobre la mesa los alcances y límites de las facultades delegadas y ejecutivas del Presidente para modificar o derogar, a través de un decreto de necesidad y urgencia, marcos normativos complejos que fueron oportunamente debatidos y aprobados por el Poder Legislativo. Esta lectura común permitió acercar posiciones entre espacios políticos que suelen mantener marcadas diferencias en otros temas, pero que coinciden en la urgencia de frenar la desregulación irrestricta de la propiedad de la tierra.

En la vereda opuesta, desde el oficialismo sostienen que las modificaciones introducidas al régimen de tierras constituyen una pieza fundamental dentro del programa integral de desregulación económica promovido desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Desde la óptica del Gobierno, la eliminación de estas restricciones favorece la llegada de inversiones extranjeras, dinamiza el mercado inmobiliario rural y elimina trabas burocráticas consideradas innecesarias, por lo que rechazan enfáticamente las críticas vertidas por la oposición y los sectores proteccionistas.

La primera reacción formal con impacto legislativo tuvo lugar en la Cámara de Senadores, donde legisladores del bloque peronista presentaron un proyecto de ley que propone específicamente la derogación del artículo 154 del DNU 70/23. Esta disposición en particular fue la que dejó sin efecto la histórica Ley de Tierras aprobada en 2011, por lo que la iniciativa parlamentaria busca restablecer de manera plena la vigencia del régimen que limita la venta de campos a extranjeros y protege la posesión y tenencia de los recursos rurales estratégicos.

La presentación de esta propuesta refleja una estrategia cada vez más consolidada en el arco opositor: la convicción de que no resulta suficiente aguardar los tiempos ni los fallos definitivos del Poder Judicial, sino que se requiere abrir de manera inmediata un frente de debate político y legislativo en el recinto. En forma paralela, continúan los diálogos transversales entre diferentes sectores para evaluar la factibilidad de pedir sesiones especiales que permitan dictaminar y llevar la propuesta al recinto, con el desafío de consolidar una mayoría absoluta que logre aprobar la restitución del texto normativo.

Al mismo tiempo, la controversia trasciende los pasillos del Congreso e impacta en la esfera social. Diversas agrupaciones comunitarias, movimientos campesinos y organizaciones dedicadas a la protección ambiental reactivaron campañas públicas para visibilizar el reclamo. Desde estos colectivos sostienen que la eliminación de los topes a la extranjerización de tierras compromete herramientas indispensables para resguardar acuíferos, minerales y áreas de alta biodiversidad, afectando de forma directa la soberanía sobre los recursos naturales de la Nación.

El escenario institucional permanece completamente abierto. Nuevas decisiones en los tribunales, la evolución de las negociaciones parlamentarias y las definiciones políticas que se adopten en las próximas semanas terminarán por moldear el desenlace de esta disputa. Lo que queda en claro es que la Ley de Tierras volvió a instalarse en el centro del escenario nacional, exponiendo las severas dificultades del Gobierno para sostener sin fisuras uno de los capítulos más cuestionados del DNU 70/23 ante los frenos que imponen la Justicia y el Poder Legislativo.