La precarización avanza: el impacto profundo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que la reforma laboral enviada al Congreso implica una fuerte pérdida de derechos para los trabajadores, un debilitamiento estructural del sistema sindical y una transferencia millonaria de recursos del trabajo al capital. El proyecto, alineado con las exigencias del FMI, redefine el mundo del trabajo en Argentina y reabre debates históricos sobre empleo, informalidad y protección social.
Una reforma de alcance estructural
El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, bajo el Mensaje 35/2025, no se limita a modificaciones puntuales del régimen de empleo: propone un rediseño integral del sistema de relaciones laborales en Argentina. Así lo señala el informe “La precarización avanza”, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza en detalle el contenido de la iniciativa y sus posibles consecuencias económicas, sociales y fiscales.
Según el documento, la reforma se apoya en cuatro grandes ejes: la pérdida de derechos laborales, el debilitamiento de la negociación colectiva y del sindicalismo, una transferencia masiva de recursos del trabajo al capital y un conjunto de cambios impositivos que benefician principalmente a los sectores de mayor poder económico.
Menos derechos y más flexibilidad para el empleador
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo. La reforma habilita el fraccionamiento de las vacaciones mediante acuerdos individuales, flexibiliza la jornada laboral a través del denominado “banco de horas” —que en la práctica elimina el pago de horas extras— y permite jornadas diarias de hasta 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo entre turnos.
El informe advierte que estas medidas profundizan la asimetría entre empleador y trabajador, al trasladar la negociación desde el ámbito colectivo hacia acuerdos individuales, en un contexto de fuerte debilidad del poder de negociación de los asalariados.
También se introducen cambios significativos en materia de indemnizaciones. Se eliminan componentes salariales como aguinaldo, vacaciones, premios y horas extras de la base de cálculo, lo que reduce sustancialmente el monto a percibir en caso de despido. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con el 3% de la masa salarial bruta, que podrá utilizarse para cubrir despidos y que, al ser compensable con contribuciones patronales, desfinancia al sistema previsional, al PAMI y a las asignaciones familiares.
Plataformas digitales y monotributo: la exclusión como regla
La reforma excluye explícitamente a los trabajadores de plataformas digitales, como repartidores y conductores de aplicaciones, quienes quedan fuera del régimen laboral y de la seguridad social. Según datos citados por CEPA, en el último año la cantidad de repartidores creció casi un 40%, consolidándose como un “amortiguador” del deterioro del empleo formal.
En paralelo, se refuerza la legalización del monotributo como forma de contratación, facilitando el encubrimiento de relaciones laborales bajo figuras civiles o comerciales. El informe advierte que este esquema consolida un mercado laboral fragmentado, con trabajadores sin salario mínimo, aportes jubilatorios ni cobertura ante accidentes.
Un golpe al sindicalismo y a la negociación colectiva
Otro eje central del proyecto es el debilitamiento de la estructura sindical. La reforma elimina la obligatoriedad de la retención automática de la cuota sindical, reduce las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales sindicales y limita la ultraactividad de los convenios colectivos.
Además, se modifica el orden de prelación de los convenios, otorgando primacía a los acuerdos de empresa por sobre los convenios sectoriales. Para CEPA, esta fragmentación de la negociación colectiva favorece a los empleadores y erosiona la capacidad de los sindicatos para fijar pisos mínimos de derechos laborales.
La iniciativa también restringe el derecho a huelga al ampliar el listado de actividades consideradas “esenciales” o “trascendentales”, elevando los niveles mínimos de prestación y reduciendo, en los hechos, la posibilidad de ejercer medidas de fuerza.
Transferencia de recursos y beneficios fiscales
Desde el punto de vista económico, el informe subraya que la reforma implica una transferencia millonaria de recursos desde el trabajo hacia el capital. Solo la reducción de un punto porcentual en las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales representa un ahorro empresarial estimado en 679 millones de dólares anuales.
La reducción general de contribuciones patronales tiene un costo fiscal cercano a 2.070 millones de dólares por año, mientras que la baja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades genera un impacto adicional de 2.279 millones de dólares, beneficiando principalmente a unas 15.000 grandes empresas.
A esto se suma la eliminación de impuestos internos sobre bienes suntuarios —como embarcaciones, aeronaves y vehículos de alta gama— con un costo fiscal estimado en 334 millones de dólares anuales, una medida que, según el informe, favorece a los sectores de mayores ingresos.
Antecedentes y resultados: una historia conocida
CEPA contextualiza la reforma actual en una serie de antecedentes históricos, desde las políticas laborales de los años noventa hasta las reformas impulsadas durante el gobierno de Mauricio Macri. En todos los casos, el denominador común fue la flexibilización laboral con la promesa de generar empleo, un objetivo que, según los datos, no se cumplió.
De hecho, el informe señala que, desde la asunción del actual gobierno, se perdieron más de 138.000 empleos registrados privados, lo que pone en duda la eficacia de las reformas laborales como herramienta para dinamizar el mercado de trabajo.
Una visión “moderna” con costos sociales
El documento también analiza la concepción ideológica que sustenta la reforma, basada en una mirada que considera obsoleta la relación de dependencia y propone un mercado laboral con múltiples formas de contratación, alta informalidad y menor protección social. En este marco, se citan ejemplos como Perú, donde la estabilidad macroeconómica convive con niveles de informalidad laboral cercanos al 70%.
Para CEPA, este enfoque implica resignar la movilidad social ascendente y debilitar el sistema de seguridad social, en línea con las exigencias planteadas por el Fondo Monetario Internacional en el marco del nuevo acuerdo con Argentina.
Alternativas en debate
Finalmente, el informe plantea propuestas alternativas orientadas a una modernización del mundo del trabajo que no implique una pérdida de derechos: fortalecimiento de la negociación colectiva, reducción progresiva de la jornada laboral, formalización del empleo con incentivos focalizados y una reforma tributaria de carácter progresivo.
En un escenario de fuerte debate político y social, la reforma laboral se perfila como uno de los ejes más controvertidos de la agenda legislativa, con impactos que exceden ampliamente el plano económico y reconfiguran el futuro del trabajo en Argentina.
