El proyecto impulsado por el Gobierno de La Libertad Avanza busca modificar la Ley de Contrato de Trabajo, permitiendo ampliar la jornada laboral, flexibilizar las vacaciones y reintroducir una forma de pago no remunerativo, desatando una fuerte controversia en el ámbito sindical.

El Gobierno nacional avanza con su ambiciosa reforma laboral, considerada una de las prioridades del presidente Javier Milei, con el objetivo de flexibilizar las condiciones de contratación y formalizar a millones de trabajadores informales. El proyecto, que retoma algunos puntos del capítulo laboral del frenado DNU 70/23, ya genera un intenso debate en el Congreso y un fuerte rechazo en el ámbito sindical.

La iniciativa, titulada «Promoción de Inversiones y Empleo», incluye modificaciones profundas a la Ley de Contrato de Trabajo que apuntan a una mayor flexibilidad en favor de los empleadores y una reducción de costos laborales.

Puntos más polémicos de la reforma

Entre los aspectos más controversiales del proyecto, según revelaron fuentes periodísticas:

• Ampliación de la jornada laboral: Se plantea una flexibilización que podría habilitar jornadas de hasta 12 o 13 horas diarias, eliminando regulaciones para dejar vigente solo la obligación de un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. La normativa actual establece un límite de 8 horas diarias, y este cambio representa una modificación sustancial. Además, se prevé que ambas partes (empleador y empleado) puedan negociar la ampliación de la jornada de 8 a 12/13 horas.
• Indemnizaciones en cuotas: Se propone que el pago de las indemnizaciones por despido pueda realizarse de forma fragmentada o en cuotas, en lugar de la liquidación total inmediata. Esto podría implicar que el trabajador reciba su reparación a lo largo del tiempo, hasta después de un año de la sentencia judicial en algunos casos.
• Regreso del ticket canasta: El proyecto impulsaría la vuelta de los tickets canasta, una forma de compensación no remunerativa utilizada en los años 90. Estos tickets, destinados a la adquisición de productos de primera necesidad, no formarían parte del salario sujeto a aportes ni contribuciones, lo que es visto por los críticos como una desprotección para el trabajador, ya que reduce la base para el cálculo de aportes jubilatorios y otros beneficios sociales.
• Flexibilización de las vacaciones: Se proponen cambios en la forma de goce de las vacaciones. Una de las propuestas más llamativas indica que el empleador podrá elegir el período vacacional, garantizando que el trabajador pueda tomar el receso en temporada de verano al menos una vez cada dos años. Además, las vacaciones podrían otorgarse de forma fragmentada en períodos no inferiores a una semana.
• Negociación del pase de régimen: El proyecto contempla la posibilidad de que los trabajadores que ya están bajo el actual régimen de contrato de trabajo puedan negociar con su empleador la renuncia al mismo para ingresar en el nuevo esquema, siempre que ambas partes estén de acuerdo.

El contexto de las reformas y el debate político

El impulso de esta reforma se da en un momento político de alta tensión. Tras la victoria en las elecciones legislativas, el presidente Milei anunció que acelerará su agenda de reformas estructurales en el régimen impositivo y laboral. El mandatario ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de llevar a cabo los cambios «quiera o no quiera la política», mostrando su determinación a pesar de las resistencias.

De hecho, La Libertad Avanza evalúa otras transformaciones, como una posible reforma constitucional para extender el mandato presidencial a 6 años, eliminando la reelección. Este punto, si se llegara a impulsar, necesitaría un amplio consenso político debido a las implicancias institucionales.

La reforma laboral, que busca un «atajo» para incorporar a cerca de 8 millones de trabajadores informales, anticipa un duro enfrentamiento en el Congreso, donde el oficialismo necesitará alianzas para avanzar. Mientras tanto, los sindicatos, como el SUTEP, continúan la negociación paritaria, como lo demuestran los recientes acuerdos de revisión salarial con la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) por un aumento acumulativo del 6% para octubre-noviembre de 2025 en la actividad de Teatros (CCT N° 291/75 y 312/75), desglosado en un 3% para octubre (calculado sobre septiembre) y un 3% para noviembre (calculado sobre noviembre). Estas negociaciones salariales en el sector privado contrastan con la macro-reforma que busca redefinir las bases del empleo en el país.