Sindicatos provinciales exigen la aprobación de normas que garanticen el funcionamiento del Estado y el fortalecimiento salarial de los trabajadores, alertando sobre el riesgo de parálisis en áreas sensibles.

Las Organizaciones Sindicales del Estado de la provincia de Buenos Aires han elevado una fuerte advertencia a los legisladores bonaerenses, instándolos a aprobar de manera urgente el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva. Estos instrumentos, considerados indispensables para el normal funcionamiento de la administración provincial, también deben incluir, según la solicitud sindical, la Ley de Financiamiento.

El comunicado, difundido por la CTA-A, la CTA de los Trabajadores y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Cultura (SOEGyC), subraya que sin la aprobación de estas leyes se corre el riesgo de un cese en el correcto funcionamiento del Estado en áreas cruciales como Salud, Educación, Justicia, Seguridad y Obra Pública. Advierten que la demora en la sanción podría impedir a los municipios contar con los recursos necesarios para el funcionamiento de servicios esenciales, complicando especialmente la situación en los ámbitos paritarios.

El imperativo del salario y la deuda

Uno de los ejes centrales del reclamo es la necesidad de garantizar el poder adquisitivo del salario del conjunto de los trabajadores y trabajadoras provinciales. Para lograr esto, las organizaciones sindicales exigen que la Legislatura avance con una reforma impositiva provincial progresiva.

Esta reforma, según el documento, debería incrementar la carga tributaria sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, lo que permitiría recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación y contrarrestar el impacto del ajuste presupuestario implementado por el Gobierno nacional. Los fondos recaudados se destinarían a fortalecer áreas clave como la Salud Pública, la Educación, la Justicia, las jubilaciones y las políticas que amplían derechos.

En este marco, la «triada de leyes» que buscan promover (Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Financiamiento) es considerada fundamental para que se garantice «una nueva propuesta salarial que ubique los salarios por encima de los aumentos de precios para el 2025, el convenio colectivo de trabajo y la continuidad de mejoras en las condiciones de trabajo».

Un llamado a la responsabilidad política

El texto sindical no solo se limita a la exigencia legislativa, sino que también hace un llamado al Poder Ejecutivo. Pide que se le otorguen «las herramientas necesarias para sostener la gestión provincial y dar continuidad a las políticas públicas», que se traducen en la necesidad de mejorar la calidad de vida de los bonaerenses.

En un tono crítico, el comunicado aborda la difícil situación financiera de la provincia, que arrastra un endeudamiento calificado como «no sostenible» heredado de gestiones anteriores, producto de políticas que, según las organizaciones, «condicionaron financieramente a la Provincia». Se hace referencia a que la provincia de Buenos Aires concentra más del $40\%$ de la población del país y, al mismo tiempo, padece una coparticipación federal considerada injusta y arbitraria. Se menciona la deuda de 13 billones de pesos generada por el gobierno de Javier Milei mediante la transferencia de fondos no coparticipables.

Finalmente, los sindicatos apuntan directamente a la oposición legislativa, acusándola de «carecer de sinceridad y de sentido común» al obstaculizar el tratamiento de estas herramientas legislativas. La posición sindical se encolumna claramente a favor de la gestión del Gobernador Axel Kicillof y en rechazo a las maniobras que buscan impedir la aprobación del paquete de leyes que buscan asegurar el normal funcionamiento del Estado y el bienestar de los trabajadores.