La legisladora libertaria acusa al gobernador bonaerense por malversación de fondos y abuso de autoridad en la distribución de 50 millones de dólares en publicidad estatal, apuntando al financiamiento de portales fantasma mientras el sistema de salud provincial atraviesa una severa crisis.

El escenario político de la provincia de Buenos Aires suma un nuevo frente de conflicto judicial. La diputada nacional Lilia Lemoine presentó una denuncia formal contra el gobernador Axel Kicillof y miembros de su gabinete, solicitando a la Justicia que investigue el presunto manejo irregular y discrecional de los fondos destinados a la pauta publicitaria oficial durante el año 2025.

La presentación, que ya se encuentra radicada en la UFIJ Nº 11 de La Plata, acusa a la administración bonaerense por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. El eje del conflicto radica en el contraste entre el volumen del gasto en comunicación —estimado en 50 millones de dólares— y las profundas deudas que la provincia mantiene en áreas críticas como los salarios estatales y la financiación del sistema de salud, afectando directamente a entidades como el IOMA y el Hospital Garrahan.

Concentración del gasto y portales fantasma

De acuerdo con los datos expuestos en el escrito judicial, el gobierno provincial habría ejecutado un promedio inusual de 26 órdenes de compra diarias para la contratación de espacios publicitarios. Además, la denuncia subraya una notable concentración de los recursos: más de la mitad del presupuesto total habría sido absorbido por apenas diez grupos mediáticos, sin mediar licitaciones públicas ni criterios objetivos de medición de audiencia.

Uno de los puntos más controvertidos de la acusación apunta a la existencia de portales digitales presuntamente financiados por el Estado que carecen de lectores reales. Los investigadores sospechan que empresarios vinculados al oficialismo provincial habrían creado sitios web con contenido generado automáticamente mediante inteligencia artificial, con el único objetivo de percibir fondos estatales sin cumplir ninguna función informativa comprobable.

Impacto en la gestión bonaerense

La embestida judicial no solo alcanza a Kicillof, sino que involucra directamente a la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, y a la funcionaria Mariana Lopisi. La Justicia platense deberá ahora iniciar los peritajes correspondientes sobre los registros oficiales para verificar si existen discrepancias entre los montos declarados y los efectivamente abonados.

El peritaje técnico y contable será clave para establecer si hubo negociaciones incompatibles con la función pública en el reparto de estos fondos. Mientras tanto, se abre la posibilidad de que la Justicia ordene allanamientos o pedidos de informes a distintas dependencias gubernamentales para trazar la ruta del dinero. La causa promete marcar un fuerte precedente sobre la utilización de recursos públicos en publicidad en medio de un contexto de emergencia económica y social.