El diputado provincial Oscar Liberman presentó un pedido de informes en la Legislatura bonaerense ante la demora de 18 meses en la obra del acueducto Brandsen en Bahía Blanca. Denuncia graves riesgos sanitarios, peligro de inundaciones e irregularidades en el financiamiento internacional.

La situación de la obra «Rehabilitación del Acueducto Calle Brandsen – Bahía Blanca» ha pasado de ser una promesa de mejora en el servicio de agua potable a una preocupación central para la seguridad y salud de los bahienses. El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Liberman, formalizó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo Provincial, exigiendo explicaciones urgentes al Ministerio de Infraestructura, a la Autoridad del Agua (ADA) y a la empresa ABSA.

El abandono de una obra estratégica

El proyecto, que originalmente contaba con un plazo contractual de 365 días, ya acumula una parálisis de 18 meses. Según detalló el legislador, la permanencia de una excavación de gran magnitud abierta en la calle Undiano, entre Chiclana y Brown, ha transformado el sector en un foco de contaminación debido a la acumulación constante de basura y residuos.

«La desidia estatal ha generado condiciones de insalubridad que el Estado tiene la obligación de prevenir», advirtió Liberman. La obra no solo afecta la higiene urbana, sino que compromete derechos fundamentales garantizados por la Constitución Provincial, como el derecho a la salud y a un ambiente sano.

Riesgo hídrico y antecedentes trágicos

Uno de los puntos más alarmantes del reclamo es la alteración del escurrimiento pluvial que genera la excavación abierta. Liberman recordó que durante la trágica inundación del pasado 7 de marzo de 2025 —que dejó un saldo de 100 víctimas fatales y miles de evacuados—, la existencia de este pozo agravó el anegamiento en el sector, incrementando el peligro para las personas y sus bienes.

El pedido de informes solicita específicamente conocer si la administración provincial evaluó el impacto de la obra en el drenaje de la ciudad y qué medidas de mitigación se adoptaron para neutralizar los riesgos de seguridad peatonal y vehicular en una zona de alta circulación comercial.

Interrogantes sobre el financiamiento

La obra forma parte del Plan Hídrico Integral financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Sin embargo, Liberman puso la lupa sobre el manejo de los fondos: el presupuesto fue adjudicado un 50% por encima del valor oficial.

En este sentido, el legislador exige precisiones sobre el uso del Préstamo CAF 11189 y los motivos técnicos o administrativos que justifican tanto el sobrecosto como el incumplimiento de los plazos. Además del impacto sanitario, la parálisis afecta la actividad económica local debido al corte total de la calzada, perjudicando el valor de los inmuebles y la capacidad de trabajo de los comerciantes del área.

«Es deber de esta Cámara velar porque una obra de infraestructura no se transforme en una carga de inseguridad e insalubridad para los ciudadanos», concluyó el diputado bahiense.