La diputada oficialista Laura Soldano participó del acto en Río Cuarto junto al embajador estadounidense y el ministro de Defensa. La llegada de los cazas daneses reabrió el debate por el gasto millonario en equipamiento de casi medio siglo de antigüedad, al tiempo que las prestaciones médicas de las Fuerzas Armadas permanecen paralizadas por una deuda multimillonaria.

La recepción de equipamiento militar por parte del Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo este martes en la provincia de Córdoba, donde se concretó el acto oficial por el arribo de la segunda tanda de aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca. La actividad, desarrollada en las instalaciones del Área Material Río Cuarto y la localidad de Las Higueras, contó con la destacada presencia de la diputada nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, Laura Soldano, quien difundió en sus redes sociales imágenes en las cabinas de las aeronaves junto al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti.

La llegada de estas seis unidades forma parte del acuerdo global suscrito por el Estado argentino para la incorporación de un total de 24 aeronaves de origen estadounidense. El cronograma de entregas se había iniciado en diciembre de 2025 con la recepción de las primeras seis naves, completando en esta oportunidad la docena de cazas en suelo nacional. La operación económica implica un desembolso base superior a los 300 millones de dólares en concepto de fuselajes, cifra que se eleva hasta los 650 millones de dólares al computar el paquete de armamento, repuestos, soporte técnico y equipamiento complementario. La transacción requirió la autorización previa y mediación del Gobierno de los Estados Unidos, país donde la compañía General Dynamics comenzó la fabricación de este modelo a mediados de la década de 1970.

Sin embargo, la concreción del equipamiento militar reinstaló una profunda controversia en los ámbitos político y de la defensa respecto a la obsolescencia técnica y la vida útil remanente de los aviones. Con casi cincuenta años de historia operativa desde su diseño original, los F-16 adquiridos por la Argentina arrastran antecedentes de rechazo en la región; entre ellos, la decisión adoptada en 2023 por el gobierno de Colombia, que descartó la compra de estas mismas unidades danesas al evaluar que su ciclo útil se encontraba sumamente acotado y que los costos de modernización resultaban desproporcionados. En ese sentido, el diplomático argentino Héctor Torres cuestionó la oportunidad de la compra al señalar de forma crítica que «Dinamarca nos vende F-16 y compra F-35, y nosotros nos emocionamos», sugiriendo que las Fuerzas Armadas argentinas reciben material descartado por las potencias europeas.

En la misma línea de cuestionamientos, el diputado nacional y exministro de Defensa, Agustín Rossi, criticó el sesgo ideológico detrás de la transacción y las alternativas estratégicas que fueron desestimadas por la gestión de Javier Milei. Según expuso el legislador opositor, el alineamiento automático con la Casa Blanca «privilegió la compra de los F-16 por sobre otras opciones que existían, como por ejemplo los aviones JF de origen chino, que eran más baratos, contaban con esquemas de financiamiento sensiblemente más favorables y se trataba de aeronaves absolutamente nuevas».

A la par de las críticas geopolíticas y presupuestarias, la llegada de los cazas norteamericanos puso en evidencia un severo contraste con la realidad asistencial que atraviesan los efectivos de las Fuerzas Armadas. Mientras el Tesoro nacional destina cientos de millones de dólares a la renovación del material aéreo, los propios pilotos que deben comandar estas unidades, junto a miles de militares activos, retirados y sus familias, enfrentan el corte sistemático de los servicios de salud a causa de la profunda parálisis que atraviesa la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). La entidad médica arrastra un déficit acumulado y una deuda de prestadores que supera los 500.000 millones de pesos, lo que derivó en la suspensión de atenciones básicas y tratamientos de alta complejidad en todo el territorio nacional.

De esta manera, el despliegue del nuevo material aéreo en territorio cordobés reabre una intensa discusión sobre las prioridades presupuestarias del Estado nacional. Entre las celebraciones del oficialismo por el reequipamiento militar de la Fuerza Aérea y los duros sealamientos por la obsolescencia de las naves y la desatención sanitaria del personal militar, la compra de los F-16 continúa generando posturas contrapuestas en el escenario político argentino.