El senador nacional advirtió sobre el alarmante crecimiento de las deudas entre los trabajadores de aplicaciones de reparto y reclamó que el Congreso trate de forma urgente un marco de regulación laboral para la economía digital.

El fuerte crecimiento de las deudas financieras entre los repartidores de aplicaciones volvió a colocar en el centro del debate las condiciones de trabajo dentro de la economía de plataformas. El senador nacional de Unión por la Patria, Mariano Recalde, apuntó con dureza contra los sistemas de préstamos y financiamiento que estas mismas empresas multinacionales ofrecen de forma directa a sus trabajadores independientes.
El legislador vinculó este fenómeno directamente con la falta de un marco regulatorio específico en la Argentina y con la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, sosteniendo que este vacío legal desprotege a miles de jóvenes en todo el país.
La trampa del endeudamiento según el legislador
A través de sus canales oficiales, Recalde alertó que las compañías de tecnología encontraron una nueva unidad de negocios que profundiza la vulnerabilidad de sus prestadores, combinando la falta de derechos laborales básicos con el cobro de intereses financieros.
«Las empresas ya encontraron otro negocio: precarizan y, además, les prestan plata a sus propios trabajadores», denunció el senador nacional.
El senador nacional también contrastó la realidad local con la de otros países de la región y del mundo, que en el último tiempo han avanzado con legislaciones concretas para reconocer la relación de dependencia o fijar pisos de derechos mínimos para los trabajadores de reparto.
Números en rojo: el informe del Banco Central
La preocupación expresada por el Congreso coincide con la difusión de informes técnicos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que revelan un crecimiento exponencial en la toma de préstamos dentro del sector:
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Salto en 2025: El número de repartidores que solicitaron créditos directamente a las plataformas digitales se disparó un 122% durante el último año.
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Tendencia acumulada: Entre 2023 y 2024, el financiamiento en este segmento ya había experimentado una suba récord del 177%.
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Monto promedio: Hacia fines de 2025, el saldo de deuda promedio acumulado por cada trabajador independiente alcanzó los $900.000.
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Nivel de mora: El índice de irregularidad en los pagos de estos préstamos se ubicó en el 11,7%, un reflejo directo del deterioro de los ingresos en el sector.
Algoritmos en lugar de historial crediticio
El sistema de financiamiento implementado por las aplicaciones no utiliza los métodos tradicionales de evaluación bancaria. En cambio, las plataformas definen la aprobación y el monto del crédito basándose en su propio algoritmo de rendimiento.
Para decidir si otorgan el dinero, analizan variables internas como la antigüedad del repartidor en la aplicación, el porcentaje de pedidos aceptados y la puntuación promedio que le otorgan los clientes finales. Los fondos suelen ser destinados por los propios repartidores a la compra o reparación de sus herramientas de trabajo diarias, principalmente motos y bicicletas.
La devolución de las cuotas es automática: la propia aplicación debita el dinero directamente de las comisiones generadas por los pedidos completados antes de transferir el saldo al repartidor.
El reclamo legislativo por el convenio de la OIT
Ante esta preocupante situación, Recalde reclamó que el Poder Legislativo nacional tome cartas en el asunto de manera urgente. El senador solicitó avanzar firmemente con la ratificación del Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta norma internacional establece estándares globales de protección y condiciones dignas para quienes desempeñan sus tareas mediante el uso de plataformas digitales, lo que significaría un punto de partida para regular los algoritmos de asignación de trabajo y las condiciones del financiamiento corporativo en el país
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