El fiscal federal Franco Picardi dio a conocer un contundente dictamen en la causa que investiga una red de presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), elevando la acusación contra el exdirector Diego Spagnuolo, un total de catorce personas más, y mencionando al presidente Javier Milei. La imputación describe una sofisticada «organización delictiva» dedicada a direccionar millonarias compras de medicamentos e insumos a cambio de retornos ilegales. El documento judicial revela además cómo los operadores clave apuntaban directamente a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, identificada en chats internos como «la que define todo».

La investigación judicial sobre la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha entrado en una fase de máxima definición con la presentación del dictamen del fiscal Franco Picardi. El documento no solo ratifica las imputaciones iniciales, sino que describe con precisión el modus operandi de una presunta asociación ilícita que se habría beneficiado del erario público destinado a las prestaciones de personas con discapacidad.

 

 

Los cargos son de extrema gravedad e incluyen: administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles. El dictamen apunta a una red compleja que involucra exfuncionarios del organismo y a un entramado de laboratorios y droguerías proveedoras.

El plan: «La que define todo»

 

Uno de los puntos más delicados de la investigación revela que la presunta organización delictiva tenía como eje de su estrategia a la cúpula del poder político. El expediente detalla que la maniobra habría comenzado tan pronto como enero de 2024, cuando un grupo de operadores conocido como el «Grupo Museo» —integrado por Patricio Rama, Mariano Caballi, Matías Palotti y Pablo Atchabahian— planeaba su retorno a la órbita de ANDIS.

El objetivo central de estos operadores, según los testimonios e indicios recolectados, era claro: tenían pleno conocimiento de la «millonaria caja» que gestiona la agencia y apuntaban a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, a quien identificaban como «la que define todo» en las decisiones de la administración.

La estructura de la organización

 

La red de corrupción se sostenía en un esquema piramidal donde las autoridades del organismo facilitaban las maniobras a los operadores externos. Los primeros en quedar en la mira fueron Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS (Director Ejecutivo de DIC, agosto 2023 – agosto 2024), y Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud.

Sin embargo, el fiscal Picardi sostiene que la estructura se extendía mucho más allá de los despachos oficiales. El dictamen describe una «organización delictiva» que operaba coordinadamente entre funcionarios de ANDIS y representantes de los laboratorios y droguerías. El objetivo era manipular las compulsas de precios, direccionar las compras de medicamentos y garantizar que las adjudicaciones fueran a empresas que luego efectuaban los «retornos ilegales».

El «director paraestatal» y la ruta del dinero

 

Una figura central en el engranaje de la corrupción, según la fiscalía, es Miguel Ángel Calvete. Calvete, empresario, socio gerente de INDECOMM S.R.L. y accionista mayoritario de Profarma S.A., es sindicado por el fiscal como el nexo clave, el encargado de la logística financiera del delito.

Calvete era quien «coordinaba pagos, cobranzas» y actuaba como «el nexo entre ANDIS y las droguerías». Su injerencia era tal que el fiscal Picardi lo catalogó como un «director paraestatal de la ANDIS». Además de ser el principal operador, la fiscalía sospecha que Calvete se encargaba «del lavado de dinero obtenido en forma espuria de la Agencia de Discapacidad».

La ruta del dinero en efectivo era manejada por su esposa, Guadalupe Muñoz. Por su parte, la hija de Calvete, Ornella Calvete, funcionaria de la órbita de Industria, aparece involucrada en las comunicaciones. En uno de los chats, Ornella habría escrito la frase incriminatoria: «con el 3% a KM está perfecto», en clara alusión a Karina Milei. Además, se constató que Calvete «giraba dinero en forma reiterada a Sergio Mastropietro», otro de los involucrados en la estructura.

El levantamiento del secreto de sumario en la causa, a pesar de los pedidos de nulidad presentados por las defensas, ha permitido a la justicia contar con una gran cantidad de pruebas digitales, documentales y testimoniales que dan sustento a los cargos de cohecho activo y pasivo. La complejidad de la trama y la mención de figuras cercanas a la Presidencia garantizan que la investigación de las coimas en ANDIS se mantenga en el centro de la escena política y judicial.