La diputada bonaerense presentó un proyecto de declaración para exigir la transferencia urgente de los recursos previstos por la ley 25.054. Advirtió que el ajuste del gobierno de Javier Milei desprotege a 17.500 efectivos que combaten los incendios forestales en toda la provincia de Buenos Aires.

La legisladora provincial del bloque Somos Buenos Aires, Priscila Minnaard, elevó un enérgico reclamo ante la Honorable Cámara de Diputados bonaerense debido a la transferencia incompleta de los fondos nacionales destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Según consta en el expediente D-3458/25-26, el Gobierno nacional ha incumplido con el envío del remanente correspondiente al año 2025, un recurso vital para la operatividad de los cuarteles.

 

Un sistema bajo presión por incendios y sequía

El reclamo de Minnaard se produce en un contexto crítico para la seguridad pública. Desde inicios de 2026, las altas temperaturas y la sequía han multiplicado los focos de incendios forestales en distritos clave como Bahía Blanca, Tandil, Necochea y Carmen de Patagones. La diputada subrayó que la falta de estos fondos —que por ley deben transferirse entre octubre y noviembre— obliga a las asociaciones a enfrentar la temporada más difícil con graves obstáculos económicos.

 

«Esos fondos son un derecho; permiten que nuestros bomberos y bomberas puedan funcionar de manera segura», alertó la legisladora. El recorte impacta directamente en la compra de combustible, reparación de autobombas y la reposición de equipos de protección personal y respiración autónoma, elementos básicos para quienes ponen su vida en riesgo por vocación de servicio.

 

El alcance de la crisis en territorio bonaerense

En la provincia de Buenos Aires operan 268 asociaciones de Bomberos Voluntarios con personería jurídica, las cuales, sumando sus destacamentos, alcanzan los 300 puntos de atención de emergencias en los 135 municipios. Este sistema se sustenta en el trabajo de 17.500 hombres y mujeres que prestan un servicio gratuito y esencial.

 

Minnaard calificó la decisión del Ejecutivo nacional como una muestra de «ausencia del Estado» y solicitó al gobernador Axel Kicillof que inste de manera eficiente a la administración central para que regularice los pagos de forma urgente. «La seguridad y la emergencia no pueden ser objeto de demagogia política», concluyó la diputada en los fundamentos de su proyecto.

 

Situación fiscal y social de fondo

Este recorte en el financiamiento de la seguridad pública se enmarca en un escenario de caída de los recursos tributarios. Datos recientes indican que la recaudación destinada a la Seguridad Social sufrió un derrumbe mensual del 22,1% en febrero de 2026. A esto se suma un alarmante incremento de la pobreza extrema en Argentina, que escaló del 4,7% en 2019 al 17,5% en 2025, condicionando aún más la capacidad operativa de las instituciones civiles que dependen de subsidios estatales.