La UFIJ N.º 1 finalizó los peritajes técnicos mientras se determinan eventuales responsabilidades penales

En el marco de la investigación judicial iniciada por el fallecimiento de un hombre en el interior del gimnasio Sport Club de Bahía Blanca, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar, brindó precisiones sobre el estado actual de la causa y la situación administrativa del establecimiento.

El hecho, que causó fuerte impacto en la comunidad local, se encuentra bajo un exhaustivo proceso de relevamiento de pruebas para reconstruir de forma fehaciente la secuencia de lo acontecido. En ese contexto, sobre el local rige actualmente una clausura de carácter administrativo, la cual fue dispuesta de forma preventiva por el Juzgado de Faltas interviniente.

Las pericias de la UTN y la situación del local

Según se informó oficialmente, la medida de clausura fue requerida en su momento con el objetivo primario de preservar la escena y garantizar el desarrollo de las tareas periciales. Dichas diligencias probatorias fueron encomendadas por la fiscalía a profesionales y peritos especializados de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quienes llevaron a cabo las inspecciones y relevamientos técnicos ordenados en la causa.

Una vez concluidos los trabajos de campo por parte de los expertos de la casa de altos estudios, la Justicia ordinaria no solicitó la extensión del cese de actividades desde el punto de vista judicial. De este modo, la continuidad de la faja de clausura responde estrictamente al ámbito y a la normativa administrativa municipal.

La búsqueda de responsabilidades penales

En paralelo a las determinaciones sobre el inmueble, la fiscalía conducida por el fiscal Aguilar mantiene abiertas las actuaciones para dilucidar la mecánica del suceso. El foco de la instrucción se centra en recabar los elementos necesarios que permitan establecer si existió algún tipo de negligencia, falla edilicia o factor de riesgo atribuible a terceros.

Desde la UFIJ N.º 1 ratificaron que las diligencias continúan activas a fin de determinar las causas del deceso y evaluar si le cabe a alguna persona o entidad un reproche o responsabilidad desde el punto de vista del derecho penal.