En una entrevista exclusiva, el magistrado Raúl Horacio Ojeda rechazó las etiquetas partidarias, advirtió sobre «intereses pesados» detrás de la Ley 27.802 y anticipó que la disputa legal llegará inevitablemente a la Corte Suprema de Justicia.

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El juez laboral Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 63, se encuentra en el epicentro de la tormenta política argentina. Tras dictar una medida cautelar el pasado 30 de marzo de 2026 que suspendió 82 artículos de la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei, el magistrado rompió el silencio. En diálogo con Tomás Méndez en el programa “Mejor que mañana”, defendió la solidez técnica de su fallo y buscó desmarcarse de las acusaciones de parcialidad política que llovieron desde la Casa Rosada.

El perfil técnico frente a la etiqueta «K»

Desde la firma del fallo, el Gobierno y diversos sectores oficialistas intentaron encuadrar a Ojeda como un «juez kirchnerista», basándose en su pasado como asesor técnico del exministro Carlos Tomada. Ante esto, el juez fue tajante:

“No soy militante, soy lo que en la calle se llama un ratón de biblioteca. Cumplí funciones técnicas, nunca milité”.

Ojeda sostuvo que, hasta el momento, no ha recibido argumentos técnicos que rebatan la médula de sus resoluciones. Según el magistrado, su decisión se apoya en indicios claros de vulneración de principios fundamentales, como la irrenunciabilidad de derechos y la libertad sindical, pilares del derecho laboral argentino que la Ley 27.802 pondría en riesgo.

Intereses en juego y fervor académico

El magistrado describió un clima de alta tensión tanto en el ámbito judicial como en el académico. “El ambiente está muy revolucionado. Hay algo de fondo que es muy pesado, muchos intereses en juego”, advirtió. Según su visión, el apoyo a la ley proviene exclusivamente del Gobierno y los sectores empresariales, mientras que en el «día a día» del mundo del trabajo las opiniones son mayoritariamente desfavorables.

Pese a las presiones, Ojeda intentó mostrar equilibrio: “No todo lo que no me gusta es inconstitucional”. Aclaró que su criterio no se basa en preferencias personales, sino en el rigor de la Carta Magna. Sin embargo, evitó profundizar en la resolución de fondo para no ser recusado de la causa.

La independencia como bandera: el legado de Argibay

Al abordar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, el juez fue crítico con la opacidad de ciertos sectores de la justicia. Mencionó el escándalo de Lago Escondido como situaciones «inexplicables» y rechazó ser incluido en el mismo saco que aquellos magistrados.

En cambio, eligió como referente a la fallecida jueza de la Corte, Carmen Argibay: “Me gusta ponerme en el saco de Carmen Argibay; ella saludó al presidente Kirchner, pero nunca le atendió el teléfono”. Con esta analogía, Ojeda reivindicó la independencia necesaria para gestionar casos de alta sensibilidad política.

La economía de los jueces

En un tramo más terrenal de la entrevista, el magistrado se definió como un «laburante del derecho» y defendió su estilo de vida austero. Precisó que el salario de un juez de su rango ronda los 6 millones de pesos, aunque admitió que el monto ha quedado rezagado ante la inflación reciente. Asimismo, recordó que la docencia universitaria es la única actividad económica extra que tienen permitida por ley.

Destino final: La Corte Suprema

Aunque la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo otorgó recientemente un efecto suspensivo a la apelación oficial —reactivando temporalmente los artículos cuestionados—, Ojeda tiene claro cuál será el desenlace de esta historia.

“Seguro va a terminar siendo la Corte la que falle”, vaticinó. Explicó que, independientemente de sus sentencias de primera instancia o de lo que decida la Cámara, la magnitud de la reforma y los intereses contrapuestos (CGT vs. Empresas) harán que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenga la última palabra en lo que ya se considera el caso institucional más trascendente del año