Una compleja trama judicial y política ha puesto en el ojo de la tormenta a la plana mayor del gobierno de Javier Milei. Un pedido del fiscal Guillermo Marijuan para que seis personas, entre ellas funcionarios clave, presten declaración indagatoria, ha destapado una serie de chats y comunicaciones que vincularían directamente a Karina Milei y Lule Menem con un presunto plan para intervenir la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). El caso, impulsado por la denuncia del secretario general del sindicato, José Antonio Voytenco, se ha convertido en un nuevo frente de batalla para la administración libertaria.

El escándalo se desató a partir de los peritajes realizados a los dispositivos electrónicos del interventor de la obra social del gremio (OSPRERA), Marcelo Petroni. Las desgrabaciones de sus conversaciones revelaron la existencia de un entramado de poder en el que se jactaba de tener influencias directas en las más altas esferas del gobierno. El mensaje más contundente, dirigido a un contacto agendado como «Santiago Comadira Prensa», fue una escueta y reveladora confesión: «Nosotros somos Lule y Karina». Esta frase se sumó a otros mensajes en los que Petroni hablaba de reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con el ministro de Salud, Mario Lugones, para llevar a cabo la operación.

Una maniobra que buscaba el control de UATRE

La denuncia de Voytenco sostiene que los imputados —entre los que se encuentran el diputado Pablo Ansaloni, el secretario de Trabajo Julio Cordero y el propio Petroni— habrían orquestado un plan para desplazar a las autoridades legítimas de UATRE. El «plan criminal» habría consistido en la firma de un dictamen irregular por parte del Director Nacional de Asociaciones Sindicales, Claudio Aquino, con el fin de solicitar la intervención judicial del gremio. La investigación del fiscal Marijuan ha recopilado una vasta cantidad de pruebas, incluyendo registros de llamadas, mensajes, informes de Gendarmería y listados de ingresos a dependencias oficiales.

El entramado de comunicaciones revelado por la DAJUDECO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) muestra una intensa coordinación entre los imputados, con conversaciones que evidencian la planificación de la maniobra. Un chat de Petroni, por ejemplo, muestra cómo el interventor informaba a Ansaloni de una denuncia administrativa ante la Superintendencia, a lo que Ansaloni respondía: «Meto rosca yo por mi lado». Esta «rosca» (presión política) es la que ahora está en el centro de la investigación judicial.

Un revés judicial y un escándalo en escalada

La situación para el oficialismo se complica aún más con la reciente decisión de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que desestimó la solicitud de intervención de UATRE. El fallo de los jueces Carlos Pose y Gabriela Alejandra Vázquez señaló la falta de «verosimilitud del derecho» invocado por el Estado y la existencia de una «prejudicialidad penal» que exige esperar la resolución de la justicia en la causa de corrupción. La sentencia subraya que la intervención judicial no puede ser un medio para dirimir disputas internas de un gremio, lo que representa un duro revés para la estrategia del gobierno en el ámbito sindical.

Este nuevo escándalo llega en un momento de gran vulnerabilidad para el gobierno, aún lidiando con la crisis generada por los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y las denuncias que ya apuntaban a los «negocios» en la gestión de OSPRERA con la participación de allegados al poder. . La fluidez del vínculo entre el fiscal Marijuan y el denunciante Voytenco, que según algunas fuentes se reunían en un quincho de Recoleta, ha llevado a especular que esta denuncia es un «golpe calculado» para desestabilizar a la cúpula libertaria, aprovechando el caldo de cultivo de los escándalos previos. La frase «Nosotros somos Lule y Karina» se ha convertido en el epítome de una investigación que apunta al corazón del poder.