El conocido «after» ubicado en calle Güiraldes N° 97 de Bahía Blanca, identificado como «Black V» y vinculado a la familia Vidal Ríos, fue clausurado nuevamente y de forma indeterminada durante la madrugada del 12 de julio. La medida, ejecutada por un amplio operativo policial y municipal, responde a la persistente falta de habilitación, en un caso que ya registra múltiples antecedentes de infracciones.

En un operativo coordinado durante la madrugada de este viernes, el establecimiento conocido como «Black V», un local after ubicado en Güiraldes N° 97 y asociado a la familia Vidal Ríos, fue objeto de una nueva y, esta vez, definitiva clausura. El procedimiento, que se llevó a cabo alrededor de las 06:30 horas, implicó el desalojo de los concurrentes y la notificación de la inhabilitación del lugar por tiempo indeterminado.

Según el parte de prensa emitido por el Comisario Dino Bragagnolo, Jefe de la Seccional Séptima de Policía, el operativo contó con la participación de efectivos de su jurisdicción, junto a agentes de Fiscalización del Municipio, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), Policía Local y el Comando de Patrullas. La acción se enmarca en el incumplimiento de la Ley 7315, que regula la habilitación y funcionamiento de este tipo de establecimientos.

Este no es un incidente aislado para el «after» de la familia Vidal Ríos. El local ya había sido clausurado en reiteradas oportunidades anteriores por razones similares, lo que evidencia una persistente falta de cumplimiento con la normativa municipal y provincial. La reincidencia en la infracción ha llevado a que los inspectores municipales, amparados en un oficio judicial, notificaran al responsable la imposibilidad de reabrir el establecimiento «por tiempo indeterminado».

La medida busca poner fin a una situación irregular que generaba riesgos y preocupación en la comunidad, garantizando el cumplimiento de las normativas de seguridad y funcionamiento para locales nocturnos. El desalojo de los concurrentes se realizó sin mayores incidentes, marcando un precedente firme sobre la aplicación de la ley ante la reincidencia en infracciones de habilitación.

Las autoridades locales mantienen el foco en la fiscalización de este tipo de eventos, buscando asegurar que los establecimientos operen bajo los marcos legales y de seguridad que corresponden para proteger tanto a los usuarios como a los vecinos de la zona.