El sindicato Aduns anunció medidas de fuerza del 13 al 18 de abril para exigir mayor financiamiento y el pago de deudas salariales, respaldándose en recientes fallos de la Justicia Federal.

La tensión entre los gremios de la educación superior y el Gobierno nacional suma un nuevo capítulo. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (Aduns), en articulación con la federación nacional Conadu Histórica, confirmó la convocatoria a un paro docente de una semana completa, que se extenderá desde el 13 hasta el 18 de abril. La medida de fuerza busca visibilizar el malestar del sector ante la falta de actualización de los haberes y exigir el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario.

El eje central del conflicto radica en el deterioro del poder adquisitivo de los profesores e investigadores. Desde las organizaciones sindicales denuncian que la administración nacional retiene de manera ilegal un incremento salarial superior al 50 por ciento, una deuda que se acumula desde octubre de 2025. Frente a este escenario, los representantes gremiales advirtieron que la paralización de las actividades académicas se mantendrá de manera sostenida hasta que las autoridades acaten lo establecido por la legislación vigente, ya que consideran que las condiciones actuales asfixian el normal funcionamiento del sistema universitario público.

Un factor determinante que impulsa y legitima este cese de actividades es el aval que los gremios han encontrado en el ámbito judicial. Según detallaron desde la conducción de Aduns, existen resoluciones recientes que respaldan su postura. Específicamente, hicieron referencia a un fallo emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, el cual fue posteriormente ratificado por la Cámara del mismo fuero. Ambas instancias coincidieron en que el incumplimiento en la asignación de los fondos correspondientes vulnera de manera directa el derecho constitucional a enseñar y aprender, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

El pliego de reivindicaciones del sector docente trasciende la mera actualización salarial. Si bien el pago inmediato de la deuda acumulada es la prioridad, el gremio también exige una serie de medidas estructurales para garantizar la calidad educativa. Entre ellas, reclaman un incremento significativo tanto en la cantidad como en los montos de las becas estudiantiles, la ampliación general del presupuesto destinado a las casas de altos estudios y la urgente implementación de un programa con financiamiento real que permita el ingreso sostenido a la carrera de investigador.

Los representantes sindicales advierten que la falta de respuestas oficiales no solo precariza la labor diaria de los docentes, sino que somete a todo el sistema a un desfinanciamiento sistemático. Esta huelga de una semana se inscribe dentro de un plan de lucha federal impulsado por diversas organizaciones universitarias a lo largo y ancho del país, con el firme objetivo de quebrar el silencio gubernamental y destrabar un conflicto que amenaza con paralizar el ciclo lectivo en uno de sus momentos más críticos.