La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ha presentado un proyecto de presupuesto 2026 en el que exige un incremento en la asignación de fondos para el Poder Judicial de la provincia. El gremio, respaldado por un informe de su Centro de Investigación y Formación (CIyF), reclama que la participación pase del 3,72% de 2023 a un 5% inmediato, advirtiendo sobre el deterioro de los salarios, la sobrecarga laboral y el riesgo para el acceso a la justicia de millones de bonaerenses.

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AJB exige subir al 5% la asignación para el Poder Judicial en el Presupuesto 2026

 

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ha puesto en el centro del debate público la crisis que atraviesa el servicio de justicia en la provincia, al presentar un proyecto de presupuesto para el año 2026 ante las autoridades provinciales. El reclamo central es la necesidad de elevar la participación del Poder Judicial en el presupuesto total de la provincia de Buenos Aires a un mínimo del 5% en el corto plazo, con el objetivo de iniciar la recuperación del 7% histórico que rigió durante la década del ’80, y que hoy es visto como un horizonte mínimo para revertir el actual estado de situación.

El informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación (CIyF) de la AJB detalla con precisión las consecuencias de la constante subestimación presupuestaria. El último presupuesto aprobado (2023) asignó solo el 3,72% del total al Poder Judicial. Además, el análisis revela que más del 90% de esas partidas fueron destinadas al pago de salarios, lo que restringe drásticamente la inversión en otras áreas críticas.

 

Deterioro Progresivo y Colapso de Oficinas

 

Según el gremio, la falta de crecimiento en el presupuesto se traduce directamente en un deterioro progresivo del acceso a la justicia para la ciudadanía. Las consecuencias son palpables:

• Oficinas colapsadas: Hay una grave sobrecarga de trabajo debido al incremento de la litigiosidad y la falta de ingresos de nuevo personal. Como señalan fuentes del gremio, en el fuero de familia, por ejemplo, los expedientes se multiplicaron más de seis veces entre 2010 y 2024, mientras que la planta de personal creció a un ritmo mucho menor.
• Empeoramiento de las condiciones laborales: La insuficiente inversión en infraestructura, sumada a las exigencias procesales y la digitalización, han generado un deterioro constante en las condiciones de trabajo, situación que requiere una acción urgente para ser revertida.
• Salario real en caída: La concentración del gasto en sueldos, en lugar de ser una solución, ha generado una caída del salario real de los trabajadores judiciales, lo que impacta en el servicio brindado.

El informe de la AJB subraya que el escaso margen presupuestario para la inversión provoca un círculo vicioso, donde las dependencias creadas por ley no se ponen en funcionamiento y la inversión en infraestructura es insuficiente. Esto ha llevado a que la participación del Poder Judicial haya caído del 5% que se registraba alrededor del año 2000, hasta los mínimos actuales, que en 2024 tocaron un piso histórico del 3,22% según datos oficiales.

 

Una Agenda Mínima Inaplazable

 

Como conclusión de su informe, la Asociación Judicial Bonaerense plantea una agenda mínima impostergable que busca atacar los puntos críticos del sistema. Los puntos clave de esta agenda incluyen:

• Recomposición del salario real de los trabajadores y trabajadoras.
• Cobertura de cargos vacantes y apertura de nuevas dependencias judiciales para descongestionar el servicio.
• Refuerzo del mantenimiento edilicio y de la infraestructura, hoy en estado crítico en muchas sedes.
• Extensión de derechos a jubilados y pensionados, incorporando el monto necesario para cumplir con el pago de las Subcategorías establecidas en el Acuerdo 4093, que actualmente no se está abonando a los pasivos del Poder Judicial.

El gremio judicial exige a las autoridades provinciales que el proyecto de Presupuesto 2026 no solo contemple el aumento al 5% para la jurisdicción, sino que también garantice una senda de recuperación que permita al Poder Judicial recuperar la capacidad de dar una respuesta efectiva y de calidad a la creciente demanda de justicia en la provincia.